01/08/07 0:00
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C. R. El ex alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, acogió ayer «muy satisfecho» la noticia de su absolución. «Siempre he dicho que confiaba en la justicia y al final así ha sido», dijo el que fuera edil durante 24 años, que atribuyó la concesión ilegal de la licencia de Puig den Serra como un «error sin mala fe» pese a la dureza de la sentencia. «Todos nos podemos equivocar, todos cometemos errores y he estado 24 años en el Ayuntamiento», explicó Serra Escandell, que continúa sosteniendo que el permiso era una ampliación de la licencia de 1984 de dos habitaciones.

El ex alcalde, que no quiso declarar ni ante el juez instructor ni ante la Audiencia Provincial, asegura que durante el día de ayer recibió numerosas llamadas. «Muchos me han dicho ¿y ahora quién rectificará todo el daño que te han hecho?», relató Serra Escandell, quien acusa a la prensa de haberle dado «demasiado bombo» a su imputación. «Me han molestado mucho las noticias que salían cada semana y en cada entrevista que me hacían; esto es lo que nos ha hecho más daño a mí y a mi familia, porque está claro que hay que publicarlo, pero se le ha dado demasiado bombo». El ex alcalde fue más allá y atribuyó las noticias relacionadas con Puig den Serra como obra «de unos periodistas no demasiado correctos». Además, le hubiera gustado que esta sentencia hubiese podido salir antes de las elecciones. Pese a ello no tiene ningunas ganas de volver a la vida política: «Estoy muy bien como estoy», afirmó entre risas.

Otro de los acusados absueltos, José Torres Tomàs, se mostró ayer «satisfecho» y «contento» aunque no quiso hacer declaraciones. Quien sí se pronunció fue la líder del PP en Sant Josep, Encarna Castro, que estaba convencida de que el ex alcalde sería absuelto. «La licencia se dio sin mala fe, sin mala intención, porque se basaron en una del 84 que se había dado bien y de conformidad con la legislación y la revisión era sólo una ampliación de dos habitaciones, por lo que ni siquiera lo miraron», explicó Castro, que aseguró que «respeta» todas las decisiones judiciales aunque considera que la sentencia es «un poco dura» porque «no había intención de saltarse la ley». La edil esperaba que la absolución se produjera porque no se había visto delito, no por prescripción.

De forma bien distinta lo ve el concejal de Urbanisme de Sant Josep, Josep Antoni Prats, que considera que, aunque el fiscal pedía la inhabilitación del ex alcalde, finalmente «fueron los ciudadanos los que le inhabilitaron». Prats considera «muy importante» que la sentencia reconozca las «malas prácticas urbanísticas» del Ayuntamiento, lo que ha provocado, a su juicio, «la caótica situación actual». «Ninguno de los imputados puede presumir demasiado del resultado porque pese a que les han absuelto la sentencia es muy dura e incluso dice que la concesión fue horripilante». El edil recordó que el Ayuntamiento continúa con el cumplimiento de la sentencia de derribo y explicó que los propietarios deben presentar un proyecto para demoler la casa en un plazo de dos meses. En el caso de que no lo hicieran deberá hacerlo el Consistorio, aunque Prats considera que el pueblo de Sant Josep no debe pagar este coste, algo que le correspondería a los promotores o a los responsables políticos que dieron la licencia.

Por otra parte, el presidente del grupo ecologista GEN, Joan Carles Palerm, aseguró que es una «satisfacción moral» el que la sentencia reconozca que la licencia fue dada ilegalmente aunque se mostró decepcionado porque los jueces no hayan considerado que Sant Josep incurrió en una prevaricación continuada al no hacer nada ante las repetidas denuncias del GEN o los requerimientos del Consell. «Este caso no es una excepción en el urbanismo de este municipio y esperemos que lo acaben pagando; ahora hay que tirar la casa abajo y pedimos al Ayuntamiento que reclame judicialmente para que quien pague los costes de la indemnización sean los que dieron la licencia y no los ciudadanos».