DC-10 abrirá el lunes después de que la juez haya suspendido la orden de cierre

La suspensión se ha ordenado mientras se tramita el recurso contencioso administrativo interpuesto por la propiedad del local y está condicionado a la presentación de una fianza de 6.000 euros. Los argumentos esgrimidos por la juez para esta reapertura temporal se basan en que estamos en plena temporada estival, por lo que el cierre «genera unos perjuicios que deben cifrarse en el lucro cesante o beneficio dejado de obtener», por lo que en estos casos «es preferible» actuar de esta forma por los perjuicios que podría suponer «sobre la clientela del local y el puesto de trabajo de los 60 empleados», todo ello teniendo en cuenta que todavía no se sabe cuál será el resultado final del recurso.

El director insular de la Administración del Estado en las Pitiüses, José Manuel Bar, explicó ayer que este auto se recurrirá en apelación, porque «el interés general debe prevalecer sobre los intereses particulares». Bar explicó que pese a que acatan la resolución, consideran que no se entra en el fondo de la cuestión, que se dilucidará más adelante. Recordó además que sólo en la fiesta de cierre de septiembre del año pasado se levantaron 234 actas por aprehensión de drogas y nueve detenciones en este local, mientras que en la apertura de hace pocas semanas se levantaron 95 actas y se produjeron dos detenciones. «Incluso le ofrecieron droga a la Guardia Civil», indicó Bar, que añadió que estos hechos generarán nuevos expedientes.

El cierre lo motivaron dos inspecciones de 2005 en las que se comprobó «que varias personas estaban consumiendo de forma notoria sustancias estupefacientes, denunciando a trece de ellas», según el auto.

Desde el DC-10 se argumentó ante la juez que ya han cumplido la sanción de cerrar durante dos meses, porque no abrieron entre el 2 de octubre y el 1 de enero, por lo que se les está obligando a cumplir doblemente. El abogado del Estado -que defiende a la Delegación del Gobierno- respondió que en esta época el local siempre está cerrado, por lo que pretenden «un fraude de ley». La jueza rechaza en este sentido los argumentos del DC-10 porque considera que el cumplimiento de las sanciones «no se deja al arbitrio» sino que es la Administración la facultada para hacer cumplir.