C. Roig14/06/07 0:00
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El fiscal de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, retiró los cargos de prisión al alcalde en funciones de Sant Josep, José Serra Escandell, y a los ex ediles José Marí Prats y José Torres Cardona, 'Tomàs' por el caso Puig den Serra. Esta modificación, que hizo el ministerio público durante sus conclusiones, responde a que consideró que no era aplicable el código penal actual, ya que el delito es anterior a su entrada en vigor. En la legislación antigua no se incluía la prevaricación urbanística, que es la que contempla penas de prisión, por lo que sólo se puede aplicar la prevaricación general, que se puede castigar con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta diez años, pero no con cárcel. En el escrito de acusación del fiscal anterior se se pedían dos años y medio de prisión.

Este cambio, que pasó desapercibido a parte del público en la sala, fue acogido con gran satisfacción por los acusados, que además se retiran de la política, por lo que la inhabilitación para cargo público no les afectará. Durante el juicio, Salazar recordó que la prevaricación urbanística es de las que causan «más alarma social» y por eso fue incluida por los legisladores en el nuevo Código Penal. Durante su alegato final, recordó que desde el 96 al 98 se siguió construyendo la casa de Puig den Serra pese a los requerimientos del Consell, por lo que se obstaculizó el cumplimiento de la ley y se continuó prevaricando. En 2001 se produjo el último aviso del Consell para que declarasen nula la licencia.