La secretaria municipal del Ayuntamiento de Sant Josep, María Domingo, aseguró ayer ante el tribunal que en varias ocasiones los concejales dieron licencias desoyendo los informes desfavorables tanto técnicos como jurídicos sobre determinadas edificaciones. A veces también se daban permisos con el beneplácito del aparejador, pero contando con un informe jurídico contrario elaborado por la propia secretaria, ya que, según reconoció Domingo, ella tenía frecuentes discrepancias con el arquitecto técnico sobre la legalidad de los proyectos. «¿Usted presenciaba esas situaciones de ilegalidad?», le preguntó uno de los magistrados, a lo que la secretaria respondió que sí, pero que no podía hacer nada. De todas formas, matizó que estas situaciones no se han dado desde hace más de una década.

Domingo también contradijo a los concejales sobre el caso particular de Puig den Serra, al afirmar que siempre se leían los informes desfavorables que hubiera, ya fueran del aparejador o de la secretaria, al dar la licencia. Sin embargo, los ediles habían declarado previamente que no recordaban el momento de la aprobación y alguno dijo que suponía que los informes no se habían leído porque de lo contrario hubieran denegado la construcción.

La secretaria, que es funcionaria del Ayuntamiento desde 1989, se refirió también a la desaparición, de la noche a la mañana, del expediente de Puig den Serra cuando éste fue requerido por el Juzgado en 2001. En él constaban los informes negativos tanto del aparejador como de la secretaria. Tanto ella como el acusado José Torres Tomàs recordaron ante el tribunal que pasaron días buscándolo tras su desaparición de la oficina técnica. Esta documentación se extravió cuando ya había sido extraída del archivo para ser enviada al Juzgado y le dio tiempo de ver que tanto su informe como el del técnico eran desfavorables. Tras este suceso, hubo que reconstruir el expediente, aunque no se recuperaron los documentos originales. De hecho, el abogado de Torres se aferró durante el juicio a este hecho para decir que no hay ningún documento que pruebe que los informes originales eran negativos.