Serra Escandell (segundo por la izquierda), se sentó ayer en el banquillo de los acusados. Foto: GERMÁN G. LAMA

CLAUDIA ROIG
El alcalde de Sant Josep en funciones, José Serra Escandell, optó por la estrategia de no declarar ayer en el juicio oral que se siguió contra él y cuatro concejales más que conformaban la comisión de gobierno de 1992 que autorizó una mansión en la cima de Puig den Serra pese a los informes técnicos desfavorables. Su abogado, Eduardo Valdivia, pidió su absolución porque considera que el delito de prevaricación que pudo haber cometido ha prescrito por haber pasado más de cinco años entre la concesión de la licencia (en mayo de 1992) y el inicio del procedimiento penal (diciembre de 2004). «El delito está muerto y requetemuerto y no tiene ocasión de revivir», defendió el letrado, que consideró también que la licencia data «del siglo pasado y la Barcelona preolímpica». El abogado prefirió no entrar a discutir si la licencia se dio bien o mal porque considera que ya hay una sentencia que prueba que es nula, por lo que únicamente se basó en que el transcurso de los años han caducado el delito.

El fiscal de Medio Ambiente, Adrián Salazar, sin embargo, considera que está acreditado que los hechos son «clarísimos y contundentes» y que el alcalde y los concejales cometieron una prevaricación «brutal», «burda» y «palmaria». «Cuando se dio la licencia se cometieron todo tipo de tropelías». Entre ellas citó que este permiso no coincide ni en metros ni en altura con el inicial otorgado en 1984, que pasó de una superficie construida de 92 m a 329. Además, la casa estaba en Àrea Natural de Especial Interés (ANEI), por lo que se incumplía la parcela mínima, y se encontraba sobre cota 200, además de que era ilegal si se tenían en cuenta las Normas Subsidiarias. «Se hacen todas las ilegalidades posibles», dijo el fiscal, que adujo también que el alcalde cometió prevaricación continuada al hacer caso omiso de los requerimientos del Consell.