Juzgados diez antiautopistas por una falta de coacciones en Sant Antoni

El abogado de los antiautopistas, que a la vez es uno de los acusados, Josep Costa, entiende que la falta de coacciones ha prescrito porque ya hace más de un año que ocurrieron los hechos y las faltas prescriben a los seis meses. El letrado considera además que la empresa «no tiene legitimidad» para denunciar a los antiautopistas ya que el que debería haberlo hecho es el trabajador que presuntamente fue coaccionado. «Era un maquinista de una empresa subcontratada que ni siquiera ha venido», explicó Costa.

Durante el juicio declararon como testigos un guardia civil que identificó a los activistas y un respresentante de la UTE constructora, que aseguró que tuvo que parar las máquinas por motivos de seguridad al ver que había un grupo de personas protestando. «Ha quedado claro que no hubo violencia ni intimidación», dijo Costa.

El abogado recordó que el episodio se produjo el 28 de febrero en la finca de Joan des Pou, situada entre Sant Rafel y Sant Antoni. El dueño estaba de viaje, pero había exigido a la constructora que no le expropiaran sin hacerle una nueva valla. «Nos había encargado a algunos que vigiláramos y cuando vimos que entraban nos opusimos de forma pacífica y el maquinista, como ya nos conocía, se echó a reír y llamó a sus jefes; en ese momento no enseñaron ninguna documentación y no estábamos de acuerdo con que trabajasen sin papeles», indicó el letrado, que recordó que las máquinas no volvieron a entrar en la finca hasta el 3 de mayo, día en el que tiraron Ca na Palleva. Como mucho, el Juzgado puede condenar a los activistas a una multa de 60 euros.