Este punto era el último de un pleno que transcurrió rápidamente gracias al acuerdo entre gobierno y oposición respecto a la aceptación de un crédito del Estado de seis millones de euros con un interés de sólo un 0,5% y a devolver en 15 años para acometer diversas reformas para modernizar las infraestructuras turísticas. El Pacte se mostró de acuerdo con el mismo, a pesar de que quiso hacer notar su malestar al no haber sido consultado acerca de las obras que van a llevarse a cabo, excepto en un caso que Carlos Salinas no desveló.
La alusión a que la medida estipulada para otorgar estas concesiones era «antidemocrática» provocó un breve e intenso rifirrafe entre equipo de gobierno y oposición.
Salinas recordó que ya se opusieron a las condiciones el pasado año y que el presente no han variado y abogaron por un sistema «más justo» que permitiera abrir la concesión a otros aspirantes pero impidiendo que una sola empresa obtuviera más de una licitación.
El alcalde, por su parte defendió la justicia de estas bases alegando que «lo que no es justo es que llegue alguien con muchos millones y se quede con todas las concesiones. Así se da de comer a muchas familias». «Siempre he dicho que es el método más social, que no socialista», remachó.
El debate sobre estas concesiones derivó a continuación en el cuidado de la playa que deben llevar a cabo los concesionarios, así como la reglamentación de ocupación de la playa. En este sentido, Salinas recomendó que se instalaran paneles en las playas que indicaran qué zonas podían ocuparse por hamacas y sombrillas para evitar el abuso del espacio. Guasch le respondió que ya existía un celador para controlar esta situación y que éste daba parte al Ayuntamiento. Este último aspecto no convenció a Salinas, que replicó que la figura del celador «no funciona al cien por cien».
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