El alcalde de Santa Eulària, en el centro, el día en que fue a declarar.

El alcalde de Santa Eulària, en el centro, el día en que fue a declarar.

22/12/06 0:00
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CLAUDIA ROIG
En su auto de apertura de juicio la juez solicita además una fianza de 500.000 euros a los acusados y la misma cantidad para Lloma Talamanca S. L., promotora de la urbanización. Deberán aportar esta importante suma en el plazo de un día y si no lo hacen se les podrán embargar sus propiedades.

La urbanización de Ses Torres se construyó amparándose en un permiso que dio el Consistorio en base al PDSU, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia. La fiscal del caso, Bárbara Moreno, considera que el alcalde y el concejal aplicaron el PDSU sabiendo que era nulo y amparándose en el informe que emitió el asesor jurídico José María Roig Vich. «Realizaron las siguientes actuaciones con el propósito de permitir la urbanización de unos terrenos que según el PGOU no reunían la clasificación legal para ser urbanizados, ya que estaban clasificados como suelo de reserva urbana y rústico», dice la fiscal, que ha solicitado una multa de 120.000 euros y la inhabilitación durante ocho años para empleo o cargo público para el alcalde, el concejal, el aparejador y el asesor jurídico. También pide que los acusados, de forma conjunta, restituyan los terrenos a su estado primitivo. La fiscal no acusa a la ex arquitecta ni al promotor, aunque sí lo hace la juez.

El abogado del alcalde, Jaume Roig, mostró su sorpresa por el uso de los instrumentos de acusación e indicó que el auto es susceptible de ser recurrido.

La fiscal sostiene que Guasch, en connivencia con Roig Vich, Marí y Riera acordó urbanizar los terrenos sabiendo que era contrario a las normas «con plena voluntad de incumplirlas».