Desde el GEN resaltan que el fiscal de Medio Ambiente se ve obligado a realizar «un esfuerzo extraordinario» para poder llevar los temas ambientales, a los que se debe añadir «el resto de trabajo que proviene de otras áreas». «La corrupción urbanística se come a Balears y el estado lo tolera privando de los medios necesarios a las fiscalías especializadas», señala el comunicado remitido por el GEN.
Los ecologistas creen que desde Madrid deberían hablar menos de los supuestos casos de corrupción en Balears y actuar más ya que «no están haciendo nada por mejorar los medios y las condiciones para la lucha contra este tipo de conductas». Tal y como especificó Neus Prats las fiscalías especializadas que se querían crear por el Estado hace más de un año «se han quedado sobre el papel ya que los profesionales sólo han visto acrecentado su trabajo». Además, se trasladó a Serrano «cómo el Gobierno consiente la aprobación de normativa anticonstitucional cuyo único objetivo es tapar, salvar y encubrir a los delincuentes urbanísticos de la isla de Eivissa».
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