El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, confirmó que el Gobierno está «analizando» la propuesta económica sobre el traspaso de las competencias de Justicia a Balears, que la semana pasada les presentó la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs. El denominado «Plan de Acción del modelo de servicio de la Administración de Justicia en las Illes Balears», elaborado por una consultora externa, prevé una inversión 80 millones de euros durante diez años para poner al día inversiones en infraestructuras. Ese dinero tendría que aportarlo el Estado.
«Estamos analizando con mucho detenimiento esa propuesta de Balears y pronto daremos unas respuesta. Nuestro objetivo es que las Islas asuman las competencias en esta legislatura», declaró López Guerra en la rueda de prensa que concedió ayer, poco antes de inaugurar el nuevo edificio de la Fiscalía de Balears, situada en la plaça Bisbe Berenguer de Palou. A la ceremonia de inauguración, presidida por el jefe del Ejecutivo balear, Jaume Matas, también asistió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
El secretario de Estado, López Guerra, explicó que el análisis de la propuesta presentada por Rosa Estaràs «está en una fase inicial de análisis».
«El Gobierno ha asumido la tarea de dignificación de los medios materiales de la Justicia, y queremos llevarla a cabo. Desde luego, los servicios a los ciudadanos han mejorado en todas esas autonomías que han asumido las competencias», explicó López Guerra.
Destacó, en relación a su presencia en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía de Balears, que uno de los principales objetivos para la presente legislatura es el «crecimiento» de la planta de fiscales en todo el Estado, posibilidad que favorece la apertura de las nuevas dependencias. Admitió, no obstante, que es conocedor de las «carencias seculares» que sufre la Administración de Justicia, entre las que consideró prioritarias el reforzamiento de la formación y, en especial, de la informatización de los servicios.
Para el secretario de Estado, un Gobierno «no puede llevar a cabo en solitario la reforma necesaria, pero puede aportar medios para asegurar la tutela efectiva y mejorarla en un plazo razonable», que, según agregó, espera que sea «lo más corto posible» y, en cualquier caso, «dentro de esta legislatura».
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