El Govern ha paralizado unas obras del Ministerio de Medio Ambiente en la desaladora de Alcúdia por cometer cuatro infracciones medioambientales. El Ejecutivo remitió hace una semana una comunicación oficial al Ministerio de Medio Ambiente que le informaba de la existencia de un acta de inspección, con informe fotográfico, por unas obras no previstas junto a la futura desaladora de Alcúdia. En concreto, el agente de medio ambiente detectó que la empresa encargada de las obras había cubierto con piedras y tierra una parte de la zona húmeda de es Maristany.

Del acta de inspección se desprende, en principio, que la empresa encargada de las obras ha podido cometer cuatro infracciones medioambientales: no se cumplió la legislación de impacto ambiental, de aguas, de residuos y de protección de especies. El estudio de impacto ambiental, según ha podido saber este periódico, no incluía la construcción de un camino que ocupaba una franja de la zona húmeda paralela a la carretera. En concreto, la obra de Medio Ambiente ocupaba una franja de tres metros por 300 en la zona húmeda de Maristany. El Govern califica de irregular el relleno de una parte de la zona húmeda sin la correspondiente autorización administrativa, así como la posible aportación de material de excavación sin cumplir la normativa vigente y la posible afección de una especie vegetal protegida.

En el escrito remitido por la Conselleria de Medi Ambient al Gobierno central se insta al departamento que dirige Cristina Narbona a ordenar la «inmediata suspensión de las obras en el tramo» que afecta a la zona húmeda de es Maristany, y la adopción de las medidas que sean pertinentes para restablecer, a la mayor brevedad posible, la legalidad ambiental.

La desaladora de Alcúdia tiene un presupuesto de 61,9 millones de euros y también producirá 14.000 metros ampliables a 21.000. Su construcción resolverá los problemas de abastecimiento de los 94.000 habitantes que alcanza la zona de las bahías de Alcúdia y de Pollença y de la zona de Muro.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó en febrero de 2004 la adjudicación de los concursos del proyecto, construcción y explotación de las obras correspondientes a las desaladoras de Andratx y Alcúdia, en Mallorca, la de Ciutadella, en Menorca, y la de Santa Eulàlia, en Eivissa. Estas cuatro desaladoras cuentan con un presupuesto de adjudicación de 198 millones de euros que se destinará tanto a las obras de construcción como a la concesión pública por un periodo de 15 años.

Con estas cuatro actuaciones, el Gobierno considera garantizado el suministro de agua durante un periodo superior a los 20 años, fortaleciendo así el potencial turístico de Balears y respetando el entorno natural.

Por lo que respecta a las características de adjudicación, la de Andratx, con un presupuesto de 51,9 millones de euros, tendrá una producción diaria de 14.000 metros cúbicos.