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MAITE ALVITE
El abogado y portavoz de la Asociación de afectados por el proyecto Eivissa Centre, Joaquín Roig, anunció ayer que el colectivo «está estudiando interponer acciones legales contra el Ayuntamiento de Eivissa y no descarta acudir a la vía judicial para defender los derechos de los propietarios de las viviendas de Santa Margarita». La próxima semana, los integrantes de esta asociación, que ahora suman ya una treintena, se reunirán para discutir las medidas que van a adoptar y que, según adelantó Roig, se pueden traducir en una demanda contra el Consistorio, que hace unas semanas decidió con un decreto dar por aprobada la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá llevar a cabo el proyecto Eivissa Centre y, en consecuencia, el traslado de los habitantes de las viviendas de Santa Margarita a un nuevo edificio junto al colegio Juan XXIII. El abogado de la agrupación explicó que probablemente la demanda incidirá especialmente en el tema de la expropiación, una medida que, puntualizó, se tiene que sostener en «el interés social o la utilidad pública, motivaciones que no vemos para nada en esta operación, en la que, más bien, se percibe un interés especulativo».

Roig aseguró que, desde el último encuentro a principios de agosto, el Ayuntamiento no se ha vuelto a reunir con los propietarios ni tampoco ha cumplido su compromiso de facilitar a los vecinos todas las cifras del proyecto Eivissa Centre, en especial, en lo referente a las viviendas de Santa Margarita. Asimismo, criticó que los propietarios tuvieran conocimiento del decreto del Consistorio sólo a través de los medios de comunicación y del BOIB.

La Asociación de afectados por el proyecto Eivissa Centre nació inicialmente con 18 integrantes hace dos semanas.