EU pide al Gobierno el coste del traslado y estancia de los antidisturbios en la isla

Califica de «indignante y sarcástica» la respuesta de Madrid sobre la proporcionalidad de las actuaciones policiales

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E. RODRÍGUEZ
Esquerra Unida presentará en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para que el Gobierno responda de nuevo sobre la actuación de los agentes antidisturbios en el conflicto de las autovías. EU quiere saber, entre otras cosas, el coste del traslado y estancia de los agentes desplazados a la isla para atender las peticiones de auxilio de la Conselleria d'Obres Públiques, así como el criterio utilizado para detener a 25 personas.

El diputado balear y conseller de EU Miquel Ramon aseguró ayer en rueda de prensa que las detenciones practicadas por la Guardia Civil han sido arbitrarias, al tiempo que tachó de «indignante» la respuesta dada ya por el Gobierno a las primeras intervenciones de los antidisturbios. En su respuesta a la pregunta formulada por la diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro sobre las primeras intervenciones policiales, el Gobierno afirmaba que la actuación de la Guardia Civil estuvo «sujeta a los principios básicos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios empleados», y que, además, se produjo «en el cumplimiento del deber de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades».

Ramon considera «sarcástica» la respuesta del Gobierno. «Nos vienen a decir que debemos dar gracias por no disparar», señaló. El diputado de EU insistió en que el movimiento de oposición al avance de las máquinas excavadoras es «pacífico», criticando que la Guardia Civil haya identificado a centenares de personas. Recordó que se está preparando «un macrojuicio» a medio centenar de personas por las denuncias de las empresas constructoras y los agentes, que, añadió Ramon, presentan «una similitud extraordinaria».

Ramon lamentó que la Delegación del Gobierno haya custodiado la entrada de las máquinas en propiedades sin la correspondiente autorización judicial, como el caso de Can Malalt. Por ello, apuntó que remitirá una carta a la Delegación del Gobierno y otra al nuevo director de la Guardia Civil, Joan Mesquida, para que «no vuelvan a prestar auxilio al Govern si no hay autorización judicial previa».