El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) ha dictado dos
autos por los que autoriza la entrada a dos de las tres fincas de
Ca na Palleva para la construcción de la autovía del aeropuerto. Se
trata de las fincas, con vivienda, situadas al fondo de Ca na
Palleva, propiedad de los hermanos Nieves y Joan Ramon Tur. De
momento, no se ha autorizado la entrada en la finca donde se
encuentra la vieja casa pagesa, propiedad del tercer hermano,
Francisco Ramon, y que se ha convertido en el símbolo del
movimiento antiautopista.
Contra la resolución del TSJ cabe un recurso de súplica ante la
misma Sala, por lo que Francisco Ramon expresó ayer a este
periódico «su escasa confianza» en que éste pueda prosperar. La
familia Ramon asume que tendrán que abandonar de un momento a otro
las viviendas, aunque la autorización judicial no habla de plazos.
La Ley de Expropiación Forzosa establece en el apartado 6 del
artículo 52 que una vez «efectuado el depósito y abonada o
consignada la previa indemnización por perjuicios, la
administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que
se trate, ...en el plazo máximo de quince días».
Los magistrados rechazan los argumentos dados por los
propietarios afectados, especialmente que la Sala no sea el órgano
competente para autorizar la entrada en las fincas, en detrimento
del Juzgado de lo Contencioso. La Sala tampoco tiene en cuenta que
en el acta previa de ocupación no figuren las viviendas ni los
garajes porque, según dice, sí se hace referencia a ellos en la
hoja de indemnización, «pero no en concepto de terrenos a
expropiar, sino de indemnización por el importe de los perjuicios
derivados de la rápida ocupación».
El Govern también informó ayer que el TSJ también ha dado la
orden de entrada en otras dos fincas afectadas por el proyecto de
la autovía del aeropuerto, sin especificar más.
Por otro lado, el juez del Juzgado de Instrucción número 4,
Santiago Pinsach, dictó ayer otro auto por el que levanta, a
petición del Ministerio Fiscal y en base a un recurso presentado
por la empresa constructora, la suspensión de las obras en la finca
de Antoni Planells Tur Malalt, manteniendo, eso sí, la medida
cautelarísima en la de su hermano, José Planells, hasta que la
administración obtenga la autorización judicial.
El juez ha adoptado esta nueva resolución por la «configuración
peculiar de la finca» de Antoni Planells ya que junto a la
vivienda, que constituye el domicilio del propietario, «existe una
zona restringida de acceso al público, situada en la entrada y
donde se dispensan planteles y semilleros que se comercializan como
modesto negocio familiar, quedando el resto de la finca [3.000 o
4.000 metros cuadrados] excluidos a terceros». El juez considera,
así, que «esta zona puede separarse de la que constituye
inequívocamente ámbito y destino de desarrollo de vida
privada».
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