Los vecinos piden a la Carpintería Alba el pago de 230.000 euros por las molestias sufridas desde 1993

El juicio por un presunto delito de desobediencia grave contra el propietario de la carpintería celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa ha quedado visto para sentencia. El Ministerio Fiscal considera acreditado, a tenor de las declaraciones de los agentes de la Policía Local, que la carpintería siguió funcionando pese a la orden municipal dictada de cese, por lo que mantiene su petición de pena de un año de cárcel. El Ayuntamiento de Sant Josep, que también ejerce la acusación particular, mantiene que el acusado incumplió, por una parte, la orden de cese de actividad dada en julio de 2000 a raíz de la sentencia y, luego, el precinto que se instaló en diciembre de ese mismo año. Pide una pena de cárcel de nueve meses de prisión para el acusado.

Por su parte, la defensa del acusado, que pidió su absolución, puso en duda el interés real del Ayuntamiento en mantener la carpintería inactiva, recordando que sólo se precintaron las máquinas y no las puertas de acceso a la nave y a las zonas de oficina y venta. Apuntó que en febrero de 2001, dos meses después del precinto, su defendido obtuvo licencia de legalización de la nave, tras comprar el terreno necesario a un vecino, y que a partir de ese momento inició los trámites para la obtención del permiso de actividad. En ese sentido, el acusado declaró ante el juez que ha seguido las instrucciones dadas por el Consistorio para la obtención de todos los permisos. Precisamente, el pasado día 23 de marzo la Comisión de Gobierno accedió a conceder la licencia de actividad, por lo que actualmente la carpintería ya tiene todos los papeles.