El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4, Santiago
Pinsach, dictó ayer un auto en el que ordena a la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern la
paralización cautelar de las obras de la autovía del aeropuerto en
Can Malalt. Se trata de una medida «con carácter cautelarísimo» y
«solo en el caso de que esté prevista una nueva actuación o
entrada» en las fincas de José Planells y Antoni Planells. las dos
en las que hay viviendas. Asimismo, la resolución insta a la
Delegación del Gobierno en Balears a que, mientras dure esta
medida, «se abstenga de auxiliar con la fuerza pública a la
Administración expropiante respecto a las dos fincas referidas» , y
ordena también a la UTE Accesos Ibiza que no realice ninguna
actuación en estos terrenos.
El juez requiere a la Conselleria a que indique si tiene
previsto o no realizar nuevas actuaciones en Can Malalt, y, en su
caso, que especifique fechas y zona afectada y si hay previsión de
solicitar autorización judicial al respecto. Le pide que detalle
«en virtud de qué criterios, informes, planos o documentos se
adoptó la decisión reiterada de entrar en estas dos fincas los días
8 y 13 de marzo, calificándolas como lugares que no dependían del
consentimiento de su titular y, por tanto, exentos de autorización
judicial; no obstante la advertencia y negativa inicial a facilitar
el auxilio de la fuerza pública por parte de la Delegación del
Gobierno de Balears, y si se trató o no de una decisión conveniente
y previamente informada por los servicios jurídicos de la
administración».
Por otra parte, en los fundamentos jurídicos, el juez también
determina que aprecia indicios de delito por violación de domicilio
y contra el ejercicio de los derechos cívicos e insta a que se
continúe tramitando la causa penal. Contra esta resolución cabe
recurso de reforma en el plazo de tres días.
Tras conocer la orden de paralización de las obras, más de medio
centenar de personas se concentraron en Can Malalt para celebrar
emocionados la noticia con cava, buñuelos y orelletes.
El abogado de Can Malalt, Pep Costa, resaltó que «este auto
significa que nuestras denuncias de que las cosas no se hacen bien
tienen todo el sentido del mundo y son razonables para el juez» e
«indica también que de ahora en adelante será necesario que el
Govern se mire mucho mejor los papeles y se espere a que el juez se
pronuncie antes de entrar en las fincas donde hay domicilios».
«Este auto también cuestiona la actuación de la Delegación del
Gobierno porque ha prestado auxilio y ha reprimido algunas
manifestaciones de los antiautopistas en lugares en el que el juez
entiende que era necesaria la autorización judicial», aseguró,
antes de añadir que «según mi valoración personal, esta
paralización sólo se podría desvirtuar si un juez diese una
autorización judicial expresa para entrar en estas fincas».
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