Sin embargo, el informe aprobado incorpora una modificación
propuesta por la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos
que fija que, para poder acceder a las ayudas, los centros
educativos tendrán que impulsar la lengua y la cultura propia; la
matriculación del alumnado inmigrante y con necesidades educativas
especiales; y tendrán que estar situados en zonas donde no queden
plazas escolares vacantes.
Votaron a favor las patronales Educació i Gestió, CECE y la
Concapa y UM mostró su acuerdo con esta líneas de ayuds. Se
opusieron las asociaciones de alumnos, la FAPA, el Stei-i, CCOO,
UGT y el Consell de Menorca.
La presunta ilegalidad del decreto que quiere aprobar el
Ejecutivo no fue el único elemento que crispó ayer el ambiente
durante el Consell Escolar. Precisamente, el trasfondo de la
cuestión, las subvenciones para la escuela concertada, llevó a los
sindicatos y las entidades más progresistas a poner el grito en el
cielo y a recordar las penurias que pasan los centros públicos.
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