MAITE ALVITE04/02/06 0:00
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Por segundo día consecutivo, los antiautopistas impidieron ayer que las máquinas trabajaran en varias fincas afectadas por las obras del nuevo acceso al aeropuerto. Con una táctica diferente a la de la jornada anterior, en esta ocasión la constructora, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Accesos Ibiza (formada por Matías Arrom Bibiloni y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.), abrió varios flancos de acción ocupando con sus máquinas a lo largo de la mañana tres fincas distintas. Además, MAB entró también en dos terrenos en Sant Rafel afectados por la autovía de Sant Antoni. Sin embargo, la estrategia no impidió que los antiautopistas, dividiéndose en grupos, consiguieran al final ponerse delante de todas las máquinas que estaban en marcha para parar las obras. La Guardia Civil en todo momento vigiló para que no se produjeran altercados pero no intervino para forzar el desalojo de los manifestantes.

La jornada empezó para los antiautopistas a las 7,30 horas en la finca de ca na Palleva. Una treintena de personas se concentraron allí dispuestos a impedir la entrada de las máquinas, que aparecieron más tarde de lo esperado. La primera excavadora llegó pasadas las 8,30 horas y empezó a trabajar en el terreno de Motonáutica Ibiza S.A. A la espera de que llegara la notaria para levantar acta, los antiautopistas no pararon en principio los trabajos. Fue entonces cuando fueron sorprendidos por la retaguardia por otra máquina que estaba invadiendo la finca de ca na Palleva, al otro lado de la carretera. En esta ocasión actuaron inmediatamente rodeando la excavadora, que tuvo que dejar de trabajar. Cinco agentes pidieron la documentación para que se identificaran las personas movilizadas frente al vehículo. Tras levantar acta en este terreno, los manifestantes se desplazaron de nuevo al terreno de Motonáutica Ibiza donde también actuó la notaria, tras lo cual los antiautopistas pararon los trabajos que realizaba la otra máquina. Uno de los portavoces de los antiautopistas, Marcos Lluy, explicó que «en estos dos casos finalmente se ha decidido recurrir directamente a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para denunciar estas ocupaciones irregulares» y pedir la suspensión de las obras.