E. RODRÍGUEZ03/02/06 0:00
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El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, aceptó ayer a trámite la denuncia presentada por Mariano Torres por las supuestas irregularidades en la tramitación del expediente de expropiación y el intento de la constructora de ocupar su finca. En un auto, el juez acuerda la apertura de diligencias penales para esclarecer si la administración podría haber actuado por la vía de hecho y, por tanto, reclamará a la Conselleria d'Obres Públiques el expediente de la expropiación de la finca propiedad de Motonáutica Ibiza S.A.

El juez no acepta, en cambio, pedir la suspensión de las obras porque, según dice el auto, se escapa de sus competencias. Sobre la paralización de las obras debe pronunciarse la sala de lo contencioso y, por ello, Mariano Torres cursará hoy mismo esta solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ). Torres valoró que «el juez vea las supuestas irregularidades» y haya ordenado la incoación de diligencias previas. «Eso es positivo», dijo Torres, quien, no obstante, mostró su preocupación por el hecho de que cuando se resuelva esta denuncia «las obras ya podrían estar terminadas».

Por su parte, el director insular del Estado, José Manuel Bar, explicó ayer a este periódico que, una vez conocido el contenido de este auto, «los servicios jurídicos resolverán de qué manera tienen que actuar las fuerzas de seguridad del Estado poniendo por delante obviamente el principio de legalidad». Bar indicó que la Guardia Civil no actuó ayer porque, a diferencia de los hechos ocurridos la semana pasada en la finca de Pere Torres Casetes, «se estaba pendiente de una resolución judicial inminente». El juez dio a conocer el auto al denunciante a las 19,30 horas.

Para el director insular del Estado «no tenía ningún sentido» ordenar ayer mismo el desalojo forzoso del terreno de Mariano Torres cuando el juez iba a pronunciarse sobre el asunto el mismo día. Bar recuerda que se presupone que la administración siempre actúa conforme a la legalidad y, por tanto, en el caso de Pere Casetes, como no se esperaba una resolución judicial tan inmediata, se tuvo que ordenar el desalojo. Bar entiende que cada situación tiene que analizarse de manera individual y que, aunque parezca lo contrario, el caso de la semana pasada no es igual al de ayer. Bar entiende que se pueden dar «un rosario de situaciones individualizadas» y que, para evitarlo, sería ideal que hubiera un pronunciamiento de carácter general. Por su parte, los antiautopistas tienen previsto seguir adelante con su resistencia a la ocupación de terrenos en los que, según entienden ellos, la Conselleria d'Obres Públiques ha incurrido en irregularidades en la tramitación de las expropiaciones de los terrenos.