La Asociación de Directores y Directoras de Educación Secundaria de
Eivissa y Formentera, integrada por todos los centros de las islas,
denunció ayer en un comunicado que el servicio de inspección de la
Conselleria d'Educació ha actuado de una manera «casi policial»
para investigar la concentración de alumnos de Sa Blanca Dona y Sa
Colomina que tuvo el lugar el miércoles pasado frente a la sede del
Consell en contra de los proyectos de autovía.
En un comunicado, el colectivo de responsables de los centros de
secundaria de la isla apunta que «los inspectores han intervenido
con una rapidez del todo inusual a como lo hacen ante cualquiera de
los numerosos problemas y dificultades que, casi a diario, padecen
los institutos». Lamenta «la desconfianza y la falta de apoyo de la
Conselleria d'Educació y de los representantes en Eivissa y
Formentera». «Se ha puesto en duda la profesionalidad del
profesorado y los equipos directivos, favoreciendo así el
desprestigio de los docentes», dice en otro punto del comunicado la
Asociación de Directores de Secundaria, que desmiente que «algún
centro educativo autorizara a los alumnos, sin la pertinente
autorización, a abandonar el instituto en horario lectivo». «Los
equipos directivos no han recibido ninguna solicitud, ni han
autorizado a nadie a asistir al acto de protesta», subraya.
Asimismo, los docentes critican que se haya dado publicidad a la
carta de un supuesto padre de uno de los centros afectados, «sin
contrastar su veracidad», cuando «en el censo de padres y madres no
aparece nadie con ese nombre y apellidos».
Por su parte, el director general d'Administració i Inspecció
Educativa, Jaime Juan García, se entrevistó con el portavoz del
Consell, Joan Marí Tur, para recabar información sobre lo sucedido
el miércoles frente a la sede de la institución y recoger las
grabaciones registradas por las cámaras de seguridad. Al día
siguiente de la concentración, dos inspectores se personaron en Sa
Blanca Dona y Sa Colomina para interrogar al equipo directivo y
algunos alumnos. Marí Tur recalcó que el equipo de gobierno «no ha
criminalizado a ningún alumno ni profesor» y que se ha limitado a
poner en conocimiento de la Conselleria d'Educació lo sucedido. «La
administración juzgará y pondrá a cada uno en su lugar», indicó el
portavoz del Consell.
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