El Defensor del Pueblo ha tomado en consideración la denuncia presentada por una vecina de Jesús relativa a los supuestos problemas de salud que están ocasionando las emisiones de las dos antenas de telefonía móvil ilegales instaladas en dos edificios de la entrada del núcleo urbano.

La oficina del Defensor del Pueblo, que ha contestado en menos de una semana a la denuncia presentada por la vecina afectada, asegura que mantendrá puntualmente informada a la denunciante de las gestiones que se lleven a cabo. La ibicenca María Luisa Cava de Llano, adjunta al Defensor del Pueblo, aseguró a este periódico que esta institución «puede actuar de alguna forma si las antenas se instalaron sin licencia». «Vamos a estudiarlo y veremos cómo podemos actuar», indicó Cava de Llano, que, no obstante, al estar de vacaciones, aseguró que desconocía la presentación de esta denuncia desde Eivissa.

La denunciante, vecina de Jesús, denuncia ante el Defensor del Pueblo que las antenas están «perjudicando la salud de las personas». Recalca, sobre todo, que las instalaciones son «ilegales» y que «no se ha hecho nada para desmantelarlas definitivamente». Por su parte, la concejal responsable de Jesús, Esther Marí, informó ayer que la Comisión de Gobierno ha denegado la petición de legalización de una de las dos polémicas antenas y, por tanto, ha fijado un nuevo plazo para que se proceda a su desmantelamiento.

El Ayuntamiento de Santa Eulària dictó un decreto en noviembre de 2001 en el que se ordenaba la retirada de todas las antenas instaladas sin autorización. Retevisión Móvil S.A., propietaria de las antenas de Jesús, interpuso un contencioso administrativo contra este decreto, pero el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma falló en favor del Consistorio. Posteriormente, la Comisión de Gobierno acordó en diciembre de 2003 la retirada efectiva de las antenas sin licencia. Para ello, solicitó en el Juzgado el acceso al domicilio donde se ubica una de las antenas de Jesús, pero en julio de 2004 el juez dictó un auto por el que se denegaba el acceso a la propiedad e impedía así su retirada forzosa. Mientras tanto, Retevisión Móvil inició los trámites para la obtención de licencia.