Salvo el caso de la mansión de Santa Agnès, los ayuntamientos de la
isla no han tramitado ninguna otra solicitud para legalizar alguna
vivienda construida en la zona de protección costera a través de la
controvertida disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento
de los presupuestos de la comunidad autónoma de 2003, conocida
popularmente como amnistía Cretu. Casi dos años después de su
aprobación nadie más ha hecho uso de esta ley, según ha podido
comprobar este periódico tras consultar a los ayuntamientos. Alguna
persona de Sant Joan mostró interés hace un tiempo, pero el
Consistorio a día de hoy, según su alcalde, Antoni Marí Carraca, no
ha tramitado ningún proyecto.
La amnistía Cretu se aprobó dos meses después de que el Tribunal
Supremo desestimara, en octubre de 2003, un recurso de súplica de
la empresa Baloo Music para evitar la ejecución de la sentencia de
demolición dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears
(TSJ) en noviembre de 2002. Con este fallo del Supremo, el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma dictó acto
seguido un auto en el que reiteraba la orden de demolición de la
casa en un plazo de dos meses.
En ese tiempo, en cambio, se aprobó en el Parlament balear la
polémica ley exclusiva para Eivissa y que permitía la legalización
de viviendas unifamiliares en un área de protección territorial
costera que cumplieran los siguientes requisitos: no estar dentro
de la franja de 250 metros contigua a la ribera del mar, estar por
debajo de la cota de 250 metros y presentar un proyecto de
restauración paisajística específicamente diseñado para reducir su
impacto.
Precisamente, Cretu presentó hace un año en el Ayuntamiento de
Sant Antoni una solicitud de legalización con un proyecto de
restauración paisajística, valorado en 163.000 euros (27 millones
de pesetas), para reducir principalmente el impacto visual de la
mansión desde el Pla de Corona, con la eliminación de palmeras y
plantas exóticas, el cambio del color de la fachada y, entre otras
cosas, la reducción del efecto resplandor de los focos de
iluminación. Sin embargo, el TSJ niega esta posibilidad, en auto de
1 de septiembre de 2004, ratificado luego en la sentencia de 10 de
noviembre de 2005, porque entiende que la mansión del compositor
rumano resulta ilegalizable. La defensa de Cretu considera que es
el Ayuntamiento de Sant Antoni quien debe decidirlo, por lo que ha
recurrido de nuevo al Tribunal Supremo para recurrir la resolución
de la instancia judicial superior de Balears. El Consistorio
también lo ha hecho.
En su momento, la consellera balear d'Obres Públiques, Mabel
Cabrer, defendió en el Parlament balear que la amnistía Cretu no
era tal, sino «una previsión normativa contenida en las antiguas
Directrices de Ordenación del Territorio del año 1999» y que el
Govern balear se limitaba a «recuperarla con una situación muy
particular que sufre en este momento la isla de Eivissa». Así
respondía Cabrer a las acusaciones de la oposición sobre el
escándalo que suponía aprobar una ley para salvar el cuello al
Ayuntamiento de Sant Antoni por autorizar la construcción de la
mansión, declarada ilegal por los tribunales en repetidas
veces.
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