El Ayuntamiento no ha desvelado aún de manera oficial la
intención de que ses Feixes pasen a ser inedificables, aunque ya
hace un tiempo que se adoptó esta decisión y así se transmitió a
todos los socios del equipo de gobierno. El diputado socialista
José Ramon Mateos indicó ayer mismo, por ejemplo, que el Gobierno
incluirá una partida en los presupuestos del año que viene
destinada a la compra de ses Feixes, precisamente porque
«probablemente pasará a ser rústico». Asimismo, el secretario
general de la FSP-PSOE, Roque López, indicó que su partido está
trabajando «en la conservación de este espacio».
Campillo aseguró que el Ayuntamiento no tenía constancia de la
operación de venta de la mayor parte de los terrenos de la Unidad
de Actuación número 8 (UA-8), que abarca una superficie de 36.180
metros cuadrados situada en primera línea de mar. «No teníamos
ninguna noticia de ello. El Ayuntamiento no tiene nada que ver»,
puntualizó. Eso sí, el alcalde, Xico Tarrés, recibió en verano en
su despacho a un asesor inmobiliario y a un representante de la
propiedad para conocer de primera mano las intenciones del
Consistorio.
La sociedad inmobiliaria Italhispania S.L., con sede en A
Coruña, se ha hecho con el control de dicha unidad de actuación por
el precio de 2.000 euros por metro cuadrado, cuya cantidad se
abonará progresivamente.
Por su parte, el coordinador general de Esquerra Unida (EU) en
Balears, Miquel Ramon, expresó su confianza en que la compra de los
terrenos suponga «un negocio ruinoso». «Tengo entendido que el
Ayuntamiento no dejará edificar en ses Feixes y eso espero. No
tengo más información», dijo.
El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en las
Pitiüses, Josep Antoni Prats, expresó su extrañeza «por el riesgo
que entraña la operación». Prats recordó que el informe jurídico
elaborado por la UIB reduce considerablemente el pago de
indemnizaciones a los propietarios por evitar la urbanización de la
zona. «No creo que logren un beneficio importante. Me imagino que
debe existir una cláusula para evitar pagos en el caso de que no
puedan construir», señaló.
Prats también confía en que el Ayuntamiento no cambie nada. «No
se puede cambiar una decisión en función de quién sean los
propietarios. Es más, desde un punto de vista social, es mejor
expropiar a una inmobiliaria que a familias ibicencas», indicó
Prats, quien sí expresó «su preocupación» por el hecho de que la
nueva sociedad propietaria de los terrenos, que entiende que
«luchará para obtener el mayor beneficio», pueda bloquear en los
Juzgados lo previsto por el Ayuntamiento.
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