EUGENIO RODRÍGUEZ19/10/05 0:00
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El concejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes, justificó ayer que el técnico que informó a favor de la licencia de la tercera fase de la urbanización sa Plana de Mar, en Cala Molí, el aparejador municipal Julio Blanco, «se fio y no revisó» el proyecto presentado por la promotora valenciana Grupo Medi, que invadía una zona protegida inedificable. «Se ve que al principio vio bien el proyecto y luego no hizo más comprobaciones», añadió. El edil ampara este argumento en el hecho de que, según él, el proyecto se aprobó inicialmente en 1991, pero luego quedó paralizado por un contencioso con la Demarcación de Costas. «Debía confiar en que todo estaba correcto», indicó Marí Ribas, quien, por otro lado, aseguró que considera que «no procede» abrir ningún expediente al técnico para depurar responsabilidades. En todo caso, afirmó acto seguido, «hay que esperar a lo que diga el juez».

El Consistorio ha remitido el expediente al Juzgado de lo Contencioso para que resuelva la anulación de la licencia y dictamine las medidas que cabe emprender a partir de ahora, incluido, según el concejal, la apertura de expedientes: «Estaremos a lo que diga el juez». Marí Ribas, no obstante, insistió en que «no había mala intención» por parte del técnico. Asimismo, el concejal destacó que no fue Antonio Huerta, el otro arquitecto municipal y suegro de Pilar Fernández, autora del proyecto, según publicaba ayer Diario de Ibiza, quien informó a favor de la concesión de la licencia.

Precisamente, el 25 de noviembre de 2002, según ha podido saber este periódico, Blanco aseguraba en un informe escueto que el proyecto presentado se ubicaba en suelo urbano y cumplía con la normativa. Al amparo de este informe, la Comisión de Gobierno acordó el 11 de diciembre del mismo año la concesión de la licencia 542/02. El GEN denunció a finales de agosto de este año que las obras invadían una zona protegida por la LEN, lo que provocó, primero, la paralización de las obras, y luego, el acuerdo de anulación de la licencia. El presidente del GEN, Joan Carles Palerm, aseguró ayer que tanto los técnicos como los políticos «sabían perfectamente» que la urbanización invadía el espacio protegido y que eso «bordea la prevaricación». Indicó que el Ayuntamiento ha actuado porque el asunto ha llegado a la Fiscalía.