E. RODRÍGUEZ18/10/05 0:00
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El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, reconoce que la licencia para la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, 15 piscinas y dos viviendas en la urbanización Plana de Mar, en Cala Molí, está «mal dada», pese a la existencia de «informes favorables». La última Comisión de Gobierno acordó revisar de oficio la licencia dada a la promotora valenciana Grupo Medi al constatar que realmente, tal y como denunció inicialmente el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), las obras invaden una zona protegida por la Ley de Espacios Naturales (LEN) mediante la figura de Àrea Natural de Especial Interés (ANEI). El Consistorio ha dado traslado del asunto al Juzgado de lo Contencioso de Palma.

Serra Escandell aseguró ayer que desconoce los motivos de por qué los servicios técnicos del Ayuntamiento informaron favorablemente a la concesión de esta licencia. «No sé si fue por un error de los técnicos o del proyecto. Se dio licencia porque todos los informes eran favorables, pero ahora se ha acordado su revisión y se ha enviado al juez y éste ya dirá algo», indicó. El alcalde de Sant Josep eludió hacer referencia alguna a las posibles responsabilidades de los técnicos que emitieron los informes a favor del proyecto.

Otras fuentes del Consistorio consultadas ayer por este periódico aseguraron: «Alguien dio lo que realmente no tenía que dar, y, antes de seguir por un derrotero que está claro que no es el correcto, más vale sacar la pata y no meterla hasta el fondo». «Asumimos la responsabilidad con todas las consecuencias», añadieron las mismas fuentes.

El Ayuntamiento ordenó la paralización provisional de las obras el pasado 6 de septiembre tras constatar, a raíz de la denuncia del GEN, que la urbanización podía invadir el espacio ANEI. De todos modos, antes de conocer los resultados de un primer estudio topográfico, el concejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes, expresó sus dudas sobre la denuncia del grupo ecologista e incluso llegó a decir que había «un error en los planos de la LEN». El GEN trasladó luego la denuncia a la Fiscalía de Eivissa, que ha abierto diligencias al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.