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M.A./E.R.
El Ayuntamiento de Sant Josep ordenó de nuevo hace unas semanas a la entidad propietaria de los apartamentos Pimar, en Port d'es Torrent, la demolición del local realizado sin licencia municipal de obras. En la resolución del expediente de infracción urbanística contra la empresa se le concede un plazo de un mes, que se cumplirá muy pronto, para que se lleve a cabo el derribo, que el Consistorio ha solicitado ya en varias ocasiones sin resultado. La demora se debe, según explicó el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep, José Marí Ribas 'Reganes', a que «la entidad sigue estrategias jurídicas como cambiar el nombre de la sociedad, ahora SI-PLA-CU, S.L., lo que obligó a hacer un nuevo expediente de infracción y ha imposibilitado hasta ahora la demolición».

El Consistorio ha advertido a esta entidad que, en caso de incumplimiento de la orden de derribo, «el Ayuntamiento la ejecutará subsidiariamente», para lo que se solicitará la autorización preceptiva al Juzgado de Instrucción para poder entrar en el lugar en el que se tiene que intervenir. Marí Ribas aclaró que el Consistorio actuará subsidiariamente siempre que SI-PLA-CU no presente alegaciones ni recurra la decisión del Consistorio.

La resolución de la administración municipal desestima las alegaciones que la entidad presentó con anterioridad y determina también que se impida «el uso del edificio que se ha convertido en 17 apartamentos sin autorización, concediendo a la propietaria un plazo de diez días para el desalojo del inmueble, ya que según el informe técnico del Ayuntamiento aparentemente uno de los apartamentos está ocupado». Asimismo, el Consistorio establece que transcurrido este plazo se procederá «al precinto» de estas viviendas, que ya se han clausurado en diversas ocasiones, retirándose los precintos sin autorización administrativa.

El concejal de Urbanismo detalló que el Consistorio, en esta ocasión, no ha podido imponer a la empresa «sanción económica».

Los apartamentos Pimar habían sido denunciados en múltiples ocasiones por los vecinos de la zona, que se quejaban de que estas instalaciones se habían convertido en un entorno degradado que podía poner en peligro su seguridad.

La polémica de los apartamentos Pimar sigue abierta desde hace ya siete años. El asunto tuvo su origen el 13 de octubre de 1998, cuando los vecinos pidieron que se paralizaran unas obras que se llevaban a cabo en este complejo. El alcalde acordó entonces la suspensión de los trabajos y la propiedad solicitó una licencia de obra menor que fue informada favorablemente por los técnicos. Unos particulares interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Sant Josep ante el silencio de la institución a la petición de que continuase el expediente sancionador abierto contra los apartamentos Pimar.