El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), el Institut d'Estudis
Eivissencs (IEE) y Amics de la Terra han presentado en el Parlament
balear, conjuntamente con otras asociaciones y plataformas
ecologistas de Balears, una proposición de ley relativa a «medidas
de emergencia en materia de protección ambiental, de
infraestructuras, ordenación del territorio y espacios naturales»
para frenar «la destrucción territorial y el deterioro ambiental
sin precedentes que está sufriendo Balears y en espacial las
Pitiüses».
La Ley 4/ 1991 determina que los ciudadanos censados en Balears
tienen el derecho a ejercer, tal como especifica el artículo 26.4
del Estatut d'Autonomia, una iniciativa legislativa popular. Para
que esta proposición de ley se llegue a debatir en el Parlament
balear, primero, los servicios jurídicos de la Cámara deben aceptar
su entrada, y acto seguido, una vez superado este trámite, se abre
un periodo de tres meses para la presentación de 10.000 firmas
ciudadanas que avalen la propuesta. Los ecologistas, sin embargo,
confían en lograr muchas más como una prueba de fuerza ante la
administración autonómica.
Esta proposición de ley, que, según el GEN, se trata de «una
serie de medidas de mínimos», pretende que en las Pitiüses se
prohíba la construcción de nuevos campos de golf, centros
comerciales o parques temáticos, así como de proyectos de autovía y
autopistas. Otro de los puntos en los que incide esta propuesta,
formada por cuatro artículos, dos disposiciones adicionales, una
derogatoria y otra final, es en los proyectos de infraestructuras
portuarias. Así, los ecologistas reivindican que se imposibilite
que los nuevos diques puedan tener más de 30 metros lineales y que
se prohiba la creación de nuevos puertos o dársenas, ni
ampliaciones que supongan un aumento del 20 por ciento del espejo
de agua y un 10 por ciento de la superficie terrestre de las
instalaciones e infraestructuras portuarias existentes a la entrada
en vigor de la Ley de Puertos. Esta medida, prevista en el artículo
3 de la citada proposición de ley, afecta al proyecto de ampliación
previsto por la Autoritat Portuària en el puerto de Eivissa y el de
la Savina, en Formentera.
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