El ex jefe de la Demarcación de Costas en Balears Fernando Garrido,
que ahora ocupa el cargo de director general de Puertos del Govern
balear, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de
Eivissa en calidad de imputado por un supuesto delito sobre la
ordenación del territorio y contra el medio ambiente por las obras
de ampliación del sendero en sa Punta Grossa, en Sant Joan,
denunciadas en su día por el grupo ecologista Amics de la
Terra.
Garrido declaró durante poco más de media hora y, según dijo
luego a este periódico, aclaró al juez que actuó «en estricto
cumplimiento de la Ley de Costas» cuando en marzo de 2004 la
Demarcación de Costas de Balears concedió autorización para la
realización de «obras de emergencia en el acantilado».
Rafel Pereda, abogado de Garrido, aseguró que su representado
autorizó estas obras «para evitar posibles daños». «Él [Garrido]
cumplió con su responsabilidad de autorizar estas obras de
emergencia para acondicionar el camino y evitar que los pescadores
que pasaran tuvieran un accidente», indicó el abogado, que, por
otra parte, afirmó que pedirá al juez inmediatamente que «sobresea
este expediente en lo que respecta a Garrido» porque, dijo, «en
ningún aspecto se deduce ninguna responsabilidad penal en este
tema». Insistió, en este sentido, que la ley determina que se deben
autorizar obras de emergencia cuando «aparece un riesgo de daños
humanos o materiales de derrumbamiento». «El jefe de Costas tenía
la obligación de ejercer esta responsabilidad. Actuó con arreglo a
la estricta legalidad, dentro de sus funciones y respetando el
medio ambiente y la normativa existente», añadió.
El abogado reconoció que otra cosa es que «al supuesto amparo de
la autorización concedida por Costas se hayan realizado otras
obras, que no tienen nada que ver con la licencia dada».
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