Atracción turística

A priori, cuenta Ríos, cada uno de los propietarios de los apartamentos del Residencial tendrá que hacer frente a una parte del coste de la reconstrucción del inmueble. «Así lo estoy informando», afirma el letrado, quien, no obstante, mantiene «una cierta esperanza» de lograr una indemnización por parte de TES y HO, ya sea a través de una sentencia judicial o un acuerdo con sus compañías de seguros: «Tenemos toda la documentación necesaria para iniciar acciones judiciales contra estas dos empresas, pero no descartamos que sus compañías aseguradoras puedan hacer una oferta razonablemente aceptable».

Ríos entiende que ésta sería «una solución útil» para la reconstrucción del inmueble. «Las compañías de seguros son muy sensibles a estas cuestiones», afirma el abogado del Residencial, que compara este siniestro como el que pueda sufrir «una persona en un accidente de tráfico»: «Las aseguradoras normalmente prefieren hacer una oferta puesto que las repercusiones de un proceso judicial pueden ser peores».

Precisamente, el director de HO, Raimundo Gómez, aseguraba hace unos días a este periódico que los propietarios echan la culpa a su empresa porque «buscan un cabeza de turco con seguro y políticamente pequeño para que pague los daños»: «No sé quien es el responsable, pero nosotros informamos por escrito a la propiedad de lo que iba a pasar si no se tomaban medidas con urgencia, y no nos hizo caso».

Los técnicos de la empresa madrileña NB-35, que el viernes hicieron una inspección ocular de la zona, consideran que todo el edificio tiene que echarse abajo. Así se lo explicarán, con más detalle, a los propietarios en la reunión que se celebrará en Francfort el 8 de octubre. Casi todos los propietarios de los 26 apartamentos son alemanes. «Entendemos que salvar parte del edificio tendría un coste más elevado y, además, precisaría de más tiempo». El día 8 se adoptará una decisión.

Ríos advierte de que en el caso de que los propietarios rehusen echar abajo el inmueble, tal como ya hicieron hace unos meses para evitar problemas con la Demarcación de Costas (casi medio edificio invade el dominio público marítimo-terrestre), se informará de ello al Ayuntamiento de Sant Josep para que éste «obligue a ejecutar la demolición». «No se pueden adoptar medidas que se alejen de la legalidad», asume.