Imagen del bloque de apartamentos derruido en el pie de la ladera de la urbanización Vista Alegre.

Roig recuerda que el vendedor tiene «responsabilidad de evicción» (término jurídico que hace referencia a la obligación que tiene el vendedor o cedente de garantizar la legitimidad del derecho que transmite) y que en el caso de que «se hayan ocultado vicios ocultos, el comprador puede considerarse estafado». Así, algunos propietarios estudian la posibilidad de denunciar en los Juzgados que han sido objeto de una estafa al comprar, sin saberlo, unos inmuebles (edificaciones construidas y terrenos) con serios problemas estructurales no visibles. «Podría tratarse de una manipulación», explica el letrado, «que provoca la adopción de una decisión de compra basada en un error de información». «Si hay intencionalidad [dolo] se puede incurrir en un delito de estafa», subraya Roig.

Josep Lluís Ríos, abogado de la Junta de Compensación, asegura que la empresa de geotecnia HO realizó «un informe geológico superficial o muy precario». «Si entonces estos profesionales hubieran averiguado la patología quizá este edificio y el resto de inmuebles estarían hoy en condiciones», mantiene. HO Geofísica balear sostiene, en cambio, que es «un cabeza de turco» y que el derrumbe se habría evitado si le hubieran dejado aplicar la propuesta que planteó en abri(más información en la página 5).

El abogado pone como ejemplo el caso en el que un comprador adquiere «una vivienda muy bonita, pero los hierros de la estructura están en muy mal estado». «Esta venta se puede anular por vicios ocultos», explica Roig, quien añade acto seguido: «Pero si el comprador, además, lo sabía entonces puede incurrir en un delito de estafa». Si se trata de la compra de un terreno, el letrado apunta que éste podría asentarse, por ejemplo, sobre una cueva y, por tanto, venirse abajo en el momento que se acomete una construcción. «Lo mismo sucede si se silencia este dato», explica Roig, quien destaca por encima de todo: «El responsable es el que vende».

Esta vía abierta para depurar responsabilidades sobre el siniestro contrasta con la de la defensa de la Junta de Compensación de la urbanización, que carga las culpas contra las empresas Túneles y Taludes S.L. (TESS) y HO Geofísica balear como autores y ejecutores del proyecto de consolidación del bloque de apartamentos Residencial Vista Alegre en 2002 después de que se detectaran los primeros problemas por la inestabilidad del terreno.