03/09/05 0:00
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E. R.
Esquerra Unida (EU) presentó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) una denuncia dirigida a la Fiscalía Anticorrupción para que inicie una investigación sobre «las irregularidades de los grandes proyectos de carreteras de Eivissa». El coordinador general de EU en Balears, Miquel Ramon, considera que existen indicios de «corrupción política» en la tramitación de estos proyectos: las autovías del aeropuerto, el segundo cinturón y el aeropuerto. EU denuncia ante Anticorrupción que las irregularidades detectadas van desde «malversación de fondos públicos, fraude de ley, obras que se cobran dos veces hasta beneficios injustificados a dirigentes del PP y adjudicaciones sospechosas a empresas vinculadas a este partido».

directamente a la gasolinera de su propiedad, en la entrada del polígono próximo a las instalaciones del aeropuerto. «Está fuera de toda lógica que el trazado de la carretera transcurra por enmedio del polígono», añade, por otra parte, EU.

EU hace especial hincapié en la vinculación entre las empresas adjudicatarias de los proyectos y los políticos responsables en su adjudicación, en referencia a la consellera insular de Carreteras, Stella Matutes. En su denuncia, EU recuerda que Matías Arrom Bibiloni, adjudicataria de las obras del segundo cinturón y la autovía del aeropuerto, es «socio de Abel Matutes [padre de la consellera] a través de la empresa Can Escandell S.A en la cantera de Cas Capità, que debe proporcionar áridos para las autovías y en la de s'Espartà, situada en ANEI, y que se pretende abrir con la misma finalidad».

Asimismo, EU también vincula a Matutes en el proyecto de desdoblamiento de la carretera de Sant Antoni puesto que el ex ministro es miembro del consejo de administración de FCC Construcción, que es la empresa adjudicataria de estas obras. «Curiosamente, las únicas alegaciones que se aceptan en los estudios de viabilidad económicofinanciera de las autovías fueron las que presentó esta empresa», dice EU.

Ramon pone en conocimiento del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, las presuntas irregularidades cometidas por el Govern balear en las expropiaciones y que han sido denunciadas por los afectados, lo que, según dice EU, «ha obligado a la administración a actuar con cierta apariencia de legalidad». No obstante, EU cree que «lo más grave» es el hecho de que el pasado 26 de julio entraran operarios y maquinaria pesada de la empresa adjudicataria de la autovía del aeropuerto en una propiedad privada sobre la que no se había hecho previamente acta de ocupación. Esta finca se encuentra entre otras dos propiedad de la familia Matutes, por lo que EU considera que esta maniobra tiene como objeto dar la sensación de que las obras ya están en marcha.