El nuevo dibujo del humedal cambiará sustancialmente respecto a
la versión actual del PGOU, aprobado inicialmente en diciembre del
año pasado, que califica como suelo urbano todo el BIC (ver imagen)
con el objeto de trasladar los derechos urbanísticos del humedal al
perímetro y dejar un amplio espacio de más de 100.000 metros
cuadrados en el centro para un parque. Esta decisión creó a
principios de este año una profunda crisis en el Pacte que provocó
la dimisión de la consellera Fanny Tur y la salida de la fuerza
econacionalista ENE de la coalición progresista. Además, la mayoría
de los propietarios de los terrenos se oponen frontalmente a este
desarrollo de la zona.
El informe jurídico realizado recientemente por el departamento
de Derecho Administrativo de la Universitat de les Illes Balears
(UIB), que reduce considerablemente el posible pago de
indemnizaciones a la propiedad, avala el cambio de postura del
Ayuntamiento. Este documento, además, apunta que el Consell
Insular, que es la institución que aprobó la figura de protección
de ses Feixes, deberá asumir parte del coste de las
indemnizaciones. El Consistorio quiere llevar a pleno a finales de
septiembre la aprobación provisional del Plan General. De allí, el
documento urbanístico pasará al Consell para que éste le dé el
visto bueno antes de proceder a su aprobación definitiva. El
alcalde de Eivissa se reunió este verano con el presidente del
Consell, Pere Palau, para negociar, entre otras cosas, parte del
contenido del planeamiento.
Por su parte, el Consell se niega a modificar los límites del
BIC, tal como reclaman los propietarios de los terrenos, e insiste
en que esta figura de protección no impide la urbanización de la
zona, siempre y cuando ésta no afecte a los valores patrimoniales
incluidos en la declaración y así lo determine el Plan Especial de
Protección, pendiente aún de aprobación.
La voluntad del Ayuntamiento, según las mismas fuentes
consultadas por este periódico, es «respetar» el BIC y declararlo
rústico para garantizar su protección. Precisamente, el avance del
PGOU ya clasificaba como rústico todo esta parte del humedal al
amparo del BIC aprobado al final de la pasada legislatura. El
Ayuntamiento confiaba entonces en hacer uso de los fondos de la
ecotasa para mantener la zona inedificable, pero tras su derogación
cambió de planes.
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