El Govern acudirá a los tribunales para que el Gobierno pague los
más de 300 millones de euros que costarán los 26 obras de
carreteras incluidas en el convenio que anuló hace unos meses la
ministra de Fomento, Magdalena Alvarez. La vicepresidenta del
Govern, Rosa Estaràs, anunció que el Consell de Govern ha decidido
llevar al Gobierno a los tribunales para que pague las cantidades
adeudadas.
La vicepresidenta recordó que ya hay unas negociaciones abiertas
con el Gobierno central sobre esta materia y sobre la posibilidad
de que el nuevo convenio que ha ofrecido la ministra de Fomento se
negocie directamente con los consells insulars. Por ello, la
vicepresidenta suplicó al Gobierno que vuelva a convocar la
comisión que debe estudiar estas inversiones.
La presentación de este recurso se acordó ayer a pesar de que
hay plazo hasta septiembre ya que durante todo el mes de agosto no
se reunirá el Consell de Govern y la Abogacía de la Comunitat
considera que se debe presentar. Pese a la presentación de este
recurso, la vicepresidenta del Ejecutivo reiteró en varias
ocasiones durante toda su intervención que la voluntad del
Ejecutivo es tratar de alcanzar un acuerdo negociado con el
Gobierno. «La voluntad del Govern es sentarse a negociar», afirmó
Estaràs.
Entre las obras afectadas por las discrepancias entre el Govern
y el Gobierno se encuentran todas aquellas que el Govern inicio por
su cuenta ya que entendía que el convenio le daba esta posibilidad.
Son la variante de Son Ferriol, el desdoblamiento a la UIB, el
desdoblamiento de Inca-Sa Pobla, el tercer carril de la autopista a
Inca, la prolongación de la autopista de Ponent, la autopista a
Llucmajor y el túnel de sa Mola, entre otras.
Por otra parte, el Govern balear acordó además presentar un
requerimiento previo al Gobierno, concretamente al Imserso, ante el
impago de la aportación estatal para la construcción de residencias
para mayores, enfermos de alzheimer y discapacitados. El Gobierno
se comprometió a aportar 25 millones de euros a la Comunitat entre
2004 y 2008, pero hasta la fecha sólo ha abonado la primera
anualidad.
El requerimiento estipula que, si en el plazo de un mes el
Gobierno central no aporta la financiación que adeuda a la
Comunitat Autònoma -cinco millones de euros, hasta la fecha- se
interpondrá un recurso contencioso administrativo similar al que
ayer mismo se acordó en materia de carreteras. El acuerdo cuyo
cumplimiento reclama el Govern se firmó el 9 de marzo de 2004.
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