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C.R/B.R
Un grupo de cuarenta personas encabezado por Juanjo Cardona, portavoz de la plataforma antiautopista, y Pere Torres, vecino afectado por el inicio de las obras del nuevo acceso al aeropuerto, denunciaron ayer que en la finca de can Pere Casetes, propiedad de este último, el pasado martes entraron las máquinas en su terreno de «manera ilegal».

Según Pere Torres, las obras se han iniciado sin las actas de expropiación requeridas y anteayer derribaron un muro de piedra que separaba su propiedad de la del ex ministro Abel Matutes, donde ayer sí había una máquina trabajando. Torres afirmó que «hasta que los terrenos no sean expropiados legalmente son míos y por lo tanto no voy a permitir que vuelvan entran aquí para nada».

Por su parte, Juanjo Cardona aseguró que estas obras correspondían a un «abuso de autoridad» y a «una intromisión en la propiedad privada de la que se va a dejar constancia ante los tribunales».

Además, añadió que «no se puede considerar que hayan comenzado las obras de las carreteras porque de momento sólo son unas máquinas dentro de casa de uno (refiriéndose a la finca de Abel Matutes)». Cardona también quiso dejar claro que desde la plataforma antiautopista se quiere un mejor acondicionamiento de las carreteras, y unas vías seguras, porque «estamos hartos de oír que nosotros no queremos que se haga nada para mejorar las carreteras de la isla».

A continuación, el portavoz parlamentario del grupo PSM-Entesa nacionalista, Pere Sampol, incidió en que las tres obras que se están realizando o se van a realizar en Eivissa: el segundo cinturón de ronda, el acceso al aeropuerto y la carretera de Eivissa a Sant Antoni han tenido una desviación presupuestaria mayor respecto a las previsiones iniciales que figuraban en el convenio de carreteras.

Sobre la adjudicación de las dos últimas obras, Sampol comentó que «el sistema utilizado vulnera la estabilidad presupuestaria» y que «empresas privadas están practicando la usura al propio Gobierno».

Finalmente el secretario general de Entesa Nacionalista Ecologista, Maurici Cuesta, recordó que «el endeudamiento del Govern balear y por lo tanto el de los ciudadanos de Eivissa se prolongará hasta 2030» , lo cual significa «una hipoteca para las generaciones futuras y para los sucesivos gobiernos de la isla que tendrán dificultades para poder paliar otras carencias que existan en Eivissa».