M.A.24/07/05 0:00
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Después de darse a conocer la decisión del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Palma de archivar el recurso presentado por el CSI-CSIF contra las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Eivissa para la elección de dos abogados, el concejal de Personal del Ayuntamiento de Eivissa, Antonio Roldán, ha reclamado a Virtudes Marí, «como representante del PP, que pida disculpas al Consistorio» por poner en duda el proceso de selección y al secretario general del sindicato en las Pitiüses, Ramón Taboada, que «haga exactamente lo mismo con la junta de personal, y sus propios delegados en la administración municipal, a los que ha dejado en muy mal lugar». El edil aseguró que el auto judicial, en el que se archiva la causa después de que el propio CSI-CSIF lo solicitara en un escrito en el que desistía de seguir con el proceso contra las oposiciones, demuestra que el Ayuntamiento «siempre a actuado legalmente y que lo único que se intentaba era confundir a la gente y retrasar el proceso».

Por otra parte, el concejal de Personal pidió disculpas a las cinco personas que se han presentado a la selección por la demora y aseguró que el proceso se reanudará el día 4 de agosto.

La decisión del secretario general del CSI-CSIF de impugnar las oposiciones realizadas por el Consistorio generó la polémica, en la que los propios delegados del sindicato en el Ayuntamiento de Eivissa intervinieron para oponerse a Taboada asegurando que había actuado «motu propio» y que al contrario de lo que afirmaba, lo que se había hecho en referencia a las bases de la convocatoria y a la composición del tribunal era completamente legal y estaba bien hecho. En este sentido argumentaron que en el real decreto con el que se redactaron las bases del concurso no se hacía referencia a que los componentes del tribunal debieran ser funcionarios de carrera, como argumentaba el secretario general del sindicato.

El debate llegó hasta el pleno del Consistorio, donde el grupo municipal popular criticó la escasa transparencia de la convocatoria y se cuestionó la legalidad del proceso.