M.A.21/07/05 0:00
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El fiscal Manuel Campoy manifestó ayer que no ve indicios de posible delito contra la ordenación del territorio en la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària a las siete viviendas construidas ilegalmente en Can Castelló. Tras declarar como imputado el alcalde, Vicent Guasch, y el aparejador de la administración municipal, Vicent Marí, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, el fiscal del caso aseguró que «la explicación que han dado no confirma la existencia de indicios de responsabilidad penal en la concesión de las licencias» y señaló la posibilidad de que se tratara simplemente de un error de «descoordinación en el funcionamiento del departamento de Urbanismo» del Consistorio. «En principio hay que estudiar las declaraciones pero, de momento, no está muy claro que el asunto tenga relevancia penal respecto de algunos imputados, concretamente los que han declarado hoy (por ayer)», insistió, antes de concretar que «puede haber ilegalidades pero en definitiva no ilegalidades penales», para ello se tiene que demostrar que se cometieron a conciencia. Tras los cual reiteró que «de lo declarado y de toda la documentación obrante se constata, en principio, que existen supuestas ilegalidades pero, por mi parte, no puedo afirmar verdaderamente que aquello se cometiera a sabiendas de lo que se estaba haciendo, por lo menos por parte del alcalde».

El fiscal reiteró que «en esta fase de instrucción lo que hay que dilucidar es si el caso tiene alcance y relevancia penal o si simplemente tiene alcance o relevancia desde el punto de vista administrativo sancionador». Si se determina que simplemente existen «ilegalidades objetivas», señaló, «lo correcto sería reanudar el procedimiento administrativo sancionador» que, recordó, había iniciado el Ayuntamiento de Santa Eulària, quien también denunció ante el Juzgado de Instrucción un posible delito de desobediencia por parte de los promotores por haber continuado las obras pese a que había un expediente de paralización. El expediente que abrió el Consistorio se paralizó a la espera de que se resuelva el procedimiento penal.

Campoy aclaró que las actuaciones penales sí que podrían continuar para algunos de los promotores de estas viviendas.

Por su parte, el alcalde de Santa Eulària, tras su declaración, que se prolongó casi una hora y media, se limitó a decir a los medios que «he contestado a todo lo que me han preguntado». La defensa insistió en que el Ayuntamiento sólo concedió licencias de obra menor y que decretó la paralización de las obras.