El Ayuntamiento de Eivissa ha remitido una carta a la Conselleria
d'Educació en la que dice textualmente que «no se dan las
condiciones necesarias para poder firmar el convenio con la
Conselleria d'Educació del Govern», lo que supone una paralización
temporal de las actuaciones previstas en el proyecto 'Eivissa
Centre' y afecta no sólo al traslado del colegio Sa Graduada, sino
también al de Sa Bodega, la nueva Escuela de Adultos, los juzgados,
la Dirección Insular y el auditorio. «Por lealtad institucional,
creemos que firmar este convenio supone que quizás no podríamos
cumplir nuestro compromiso», dijo ayer el concejal de Promoción
Educativa, Santiago Pizarro.
El Consistorio toma esta decisión ante «la clara intención del
Consell de proteger el edificio de Sa Graduada», lo que supondría
un cambio en el proyecto 'Eivissa Centre' con el que «se intentaba
resolver unos problemas en una ciudad con escaso territorio»,
añadió Lurdes Costa, portavoz municipal. El Ayuntamiento estaba
dispuesto incluso a construir un colegio gratis con los beneficios
del proyecto Eivissa Centre pero con la posible protección del
colegio «se cae la operación», dijo Pizarro. «Ante la situación de
incertidumbre no sabemos si podemos cumplir este compromiso. Todas
las administraciones que hemos participado sacábamos un beneficio y
se resolvían problemas históricos. Es un encaje de bolillos
urbanístico y financiero en el que si se quita una pata se
desmorona».
Pizarro recordó que en las negociaciones nunca hubo ningún
problema con las administraciones implicadas, tanto del PP como del
PSOE, y «la única que está dificultando y puede hacer que esto no
llegue a efecto es una que no tiene competencias», comentó Pizarro
acerca del Consell. Recordó que desde hace seis meses están
pendientes de una modificación puntual del PGOU, «que no pasa por
la CIOTUPHA de ninguna manera. Nos ponen obstáculos y dificultades
y no nos dejan hacer absolutamente nada».
Lurdes Costa cuestionó la protección de Sa Graduada frente a
otros monumentos y recordó que el conseller de Patrimoni «no inició
expedientes BIC cuando era conseller de Cultura». Costa aseguró
también que hay otros padres de Sa Graduada que no se sienten
representados por la directiva del APA, pero no tienen tanta
facilidad para expresarse». La APA es el colectivo que pidió la
protección del colegio para salvarlo de la demolición.
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