EUGENIO RODRÍGUEZ18/06/05 0:00
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El Grup Progressista de Santa Eulària presentará en el próximo pleno de la institución una moción en la que pedirá la dimisión del alcalde Vicent Guasch por su tercera imputación judicial por supuestos delitos urbanísticos. Primero fue por la urbanización de ses Torres, aunque luego fue retirada en un auto judicial, luego por la cantera de ses Planes y ahora por las siete viviendas ilegales de Can Castelló.

El Pacte considera demostrado que existe «una trama urbanística» que actúa en el Ayuntamiento con «el beneplácito del alcalde y del equipo de gobierno». El portavoz del Pacte, Carlos Salinas, confirmó incluso ayer la existencia de «un despacho volante», frente al Consistorio, donde acuden todas las personas con algún problema inmobiliario para que se les busque una solución. Salinas afirmó que el Ayuntamiento permite que «estos señores y señoras campen a sus anchas». «El sistema de funcionamiento del urbanismo en Santa Eulària se tiene que acabar», señaló el portavoz del Pacte. Por ello, los progresistas exigen la marcha de Guasch y que el PP ponga a otra persona en su lugar. «El Ayuntamiento necesita otra persona que lo dirija democráticamente», señaló.

Por su parte, Salinas entregó a la prensa una sentencia, de fecha de diciembre de 2004, por la cual la Sala de lo Contencioso Administrativo revoca la declaración de caducidad aprobada por el Ayuntamiento de una licencia de obra menor dada a una de las siete viviendas ilegales de Can Castelló. Salinas recordó que, en 2001, el Ayuntamiento dio licencia de obra menor para la reforma de las estructuras levantadas sin permiso alguno en Can Castelló.

Posteriormente, tras la denuncia de la oposición, el Consistorio abrió un expediente de infracción urbanística, que se paralizó cuando la Fiscalía incoó diligencias por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. No obstante, en abril de 2003, la comisión de gobierno del Ayuntamiento declaró la caducidad de las licencias de obra menor dadas a la promotora Vista Golf Eulàlia S.L.

Uno de los afectados recurrió este acuerdo y el juez le dio la razón porque, según dice la sentencia, sólo se puede declarar la caducidad de la licencia si el promotor deja pasar el tiempo sin hacer la obra sujeta al permiso. «La inactividad no puede confundirse con el incumplimiento del contenido de la licencia», argumenta la sentencia para echar atrás la resolución del Ayuntamiento. En este sentido, recuerda que el sargento jefe de la Policía Local comprobó in situ que se estaban ejecutando unas obras, aunque, eso sí, distintas al contenido de la licencia.