El propio Carrau ha demandado que se remitan las actuaciones que
se han realizado hasta la fecha a fin de poder tomar una decisión
al respecto. Según la información recogida por este periódico, el
Fiscal de Medio Ambiente en Eivissa, Manuel Campoy, ha enviado ya a
Anticorrupción los escritos que se han realizado por estos dos
asuntos, así como un informe en el que se precisa el estado en que
se encuentran ambos procesos.
La iniciativa va suponer que Carrau, nombrado como delegado en
Balears en un departamento que tiene su réplica en lugares como
Málaga, Alicante, Madrid o Canarias, va a analizar si los indicios
recogidos hasta la fecha pueden encuadrarse por su naturaleza en
los establecido para la Fiscalía Anticorrupción o si bien deben
seguir siendo llevados directamente y únicamente desde Eivissa.
El Gobierno impulsó meses atrás la creación de delegaciones de
la Fiscalía Anticorrupción para luchar eminentemente contra el
crimen organizado y tramas delictivas ubicadas en zonas específicas
del país donde se ha apreciado que inversiones de grupos mafiosos
van de la mano de grandes complejos urbanísticos.
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