La directora general de Biodiversidad, Joana Xamena, afirmó ayer a
este periódico que el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del
Parque Natural de ses Salines no se aprobará hasta el 1 de enero de
2006, que es el margen de tiempo del que dispone la Conselleria de
Medi Ambient tras la prórroga de un año aprobada con la ley de
acompañamiento de los presupuestos del año pasado.
La Ley del Parque Natural de ses Salines aprobada el 19 de
diciembre de 2001 fijaba un plazo máximo de tres años para la
aprobación del PRUG, que es la herramienta que debe delimitar los
suelos urbanos y urbanizables de la zona, así como el fondeo de
embarcaciones o las zonas de aparcamiento, entre otras cosas.
El pleno del Consell aprobó en julio del año pasado por
unanimidad una moción presentada por el Pacte en la que instaban al
Govern balear a que se aprobara el PRUG antes de final de año,
coincidiendo con el término del plazo fijado por la ley.
Hasta la aprobación del PRUG, la clasificación de los suelos
urbanos se mantiene suspendida. Xamena explicó que la Conselleria
de Medi Ambient ha encargado un estudio sobre el grado de
consolidación de los suelos urbanos de la zona y que, una vez
recibido, se convocarán las mesas de redacción del plan, lo cual se
iniciará seguramente a partir del mes que viene o el siguiente.
El trabajo de redacción se prolongará durante tres meses
aproximadamente. Luego habrá otros tres meses de exposición publica
y de presentación y contestación de alegaciones antes de su
aprobación a través de un decreto, según indicó Xamena, que confía
en que todos estos trámites estén resueltos el 1 de enero. «Si
podemos tenerlo el 1 de diciembre mejor», apuntó.
Xamena afirma que desconoce las conclusiones del estudio
encargado sobre la clasificación del suelo en el Parque Natural,
aunque, según dijo, no tiene que haber ningún problema para que «lo
que está consolidado se pueda mantener». El Tribunal Superior de
Justicia desestimó hace unas semanas un recurso presentado por un
grupo de propietarios de terrenos de ses Salines contra el PORN,
que, entre otras cosas, argumentaban que la suspensión de la
clasificación del suelo atenta contra la legislación
urbanística.
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