El Govern presentó ayer un requerimiento contra la orden del
Ministerio de Fomento por la que se resuelven los convenios de
carreteras con Baleares de 1998 y 2004, en el que se exponen once
fundamentos de hecho y siete jurídicos. Así lo anunció ayer la
consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, en la rueda de prensa
posterior al Consell de Govern que acordó presentar dicho
requerimiento, paso previo a la interposición de un recurso
contencioso.
Cabrer se mostró tan convencida de la solidez de los argumentos
que esgrime el Govern para defender los acuerdos en carreteras que
aseguró que por ahora no se imagina un escenario en el que acabe
teniendo que interponer un recurso judicial. El requerimiento, de
85 páginas, pone en evidencia «errores flagrantes» en las
argumentaciones del Gobierno que, según la consellera, obligarán al
departamento de Magdalena Alvarez a dar marcha atrás en su decisión
de resolver los convenios y a tener que convocar la comisión mixta
pertinente, donde según Cabrer se han de discutir las diferencias.
El Govern esgrime, entre los fundamentos jurídicos, que la
resolución es «nula de pleno derecho» al sostener que sólo los
jueces de lo contencioso-administrativo son competentes para anular
estos documentos. Considera, además, que «vulnera» el derecho de
igualdad que consagra la Constitución, ya que reprocha al Ejecutivo
de Balears acciones como la licitación de obras por encima de lo
inicialmente presupuestado que sí permite a otros gobiernos como el
de Canarias. En este sentido, la consellera recuerda que el propio
Ministerio de Fomento ha ejecutado obras bajo esta misma premisa,
como por ejemplo las de la variante de Santa Eulària, que estaban
presupuestadas sobre el papel en 1,7 millones y finalmente costaron
5,3 millones.
El secretario general del PSIB, Francesc Antich, pidió que el
Govern actúe «con responsabilidad» ante la «voluntad» mostrada por
el Ministerio de Fomento por llegar a una «solución pacífica» en
torno al convenio de carreteras. En rueda de prensa, Antich remarcó
que ya solicitó al presidente Matas en el reciente encuentro que
mantuvo con él, que «abriese las puertas a la posibilidad de un
acuerdo» y que «no siguiese por el camino de la confrontación». En
este sentido, opinó que la cantidad ofertada por el Gobierno
central en el nuevo convenio, 568 millones de euros, es «importante
y suficientemente respetable» como para que haya un «esfuerzo de
todos por llegar a una solución pacífica» a fin de que Balears «no
pierda ni un euro». Antich destacó la voluntad de Fomento por
llegar a un acuerdo y consideró que el Govern tiene que actuar con
responsabilidad.
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