El juez rechaza la querella de los propietarios de ses Feixes contra Tarrés

Los querellantes alegaban en su querella que Tarrés y Torres han actuado con «ánimo de perjudicarles en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» aprobado inicialmente el pasado 15 de diciembre. No obstante, el juez recuerda que «el derecho penal es el último ratio, el recurso último del ordenamiento jurídico» y, en este sentido, apunta que el planemiento urbanístico aún no ha sido definitivamente aprobado y, por tanto, por el momento «carece de efecto jurídico alguno y no ha afectado a los derechos de los querellantes». El auto especifica que existe jurisprudencia que señala que «sólo pueden ser prevaricadoras las resoluciones definitivas».

Tampoco entiende el juez por qué sólo se acusa a Tarrés y a Torres y se deja de lado a los concejales que votaron a favor de la aprobación inicial del PGOU. Argumenta que la presentación de la querella ha sido precipitada y que parece «un intento de presión para que la modificación [del PGOU] se impulse o no se impulse en un determinado sentido». «Sólo el arbitrio acuerdo de aprobación definitiva del plan podrían constituir la prevaricación que aquí apresuradamente se denuncia», dice. El auto no entra en si la modificación del planeamiento urbanístico es legal o no, ya que entiende que es «un problema que debe discutirse por el momento en el ámbito administrativo». No obstante, el juez abunda en sus consideraciones al afirmar que, en todo caso, «la infracción administrativa alegada no aparece, ni mucho menos, tan grosera, manifiesta y evidente como se dice por la parte querellante y como la comisión del delito requeriría».