El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, y los miembros de
la comisión de gobierno en 1992 se negaron ayer a declarar ante el
juez por un presunto delito contra la ordenación del territorio al
conceder una licencia para la construcción de una mansión en lo
alto de una cima en Puig d'en Serra, en es Cubells, en contra de un
informe jurídico elaborado por el propio Consistorio.
El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo
Mendoza, imputó a los responsables de la autorización de la obra en
1992 a petición de la Fiscalía como consecuencia de una denuncia
presentada por el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN).
Serra Escandell y los concejales imputados (el actual edil de
Obras e Infraestructuras, José Torres Cardona, y los ex concejales
José Ribas Marí, José Marí Prats, Vicente Portas y Francisco Bonet)
se negaron también a hacer declaraciones a los medios de
comunicación a la salida del Juzgado tras negarse a declarar ante
el juez. Eduard Valdivia, abogado del alcalde y de cuatro de los
concejales imputados, explicó que sus representados se negaron a
declarar, amparándose en un derecho constitucional, «porque no
existe delito urbanístico». El letrado aseguró que la semana que
viene remitirá a los Juzgados un escrito en el que solicitará el
archivo de la causa.
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