El Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa ha admitido a trámite
la querella presentada por la Asociación Hábitat y Basuras contra
el alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, y los hermanos José y
Manuel Parrot, propietarios de la empresa que explota la cantera de
ses Planes, próxima a Jesús, por un presunto delito contra la
ordenación del territorio, según informó ayer en un comunicado esta
asociación.
El alcalde y los propietarios de la cantera, que, según Hábitat
y Basuras, es «ilegal» porque no cuenta con «licencias
municipales». El colectivo apunta, además, que requirió al
Ayuntamiento el precinto de las instalaciones por carecer de
licencia y porque produce «efectos nocivos contra el medio ambiente
y la salud pública».
Como el Ayuntamiento de Santa Eulària no respondía a la petición
de precinto formulada por la asociación, ésta presentó el pasado 28
de marzo «una querella por presunto delito contra la ordenación del
territorio cometido en la explotación ilegal de dicha cantera». El
juez ha admitido a trámite la querella y ha llamado al alcalde y a
los propietarios de la cantera a que declaren en el Juzgado en
calidad de imputado el 20 de mayo. Contra esta resolución cabe
recurso de reforma.
El Juzgado también ha fijado una fianza de responsabilidad civil
de 600.000 euros (100 millones de pesetas), con apercibimiento de
que en caso de que no se consigne se proceda al embargo de bienes
propiedad de los acusados.
Hábitat y Basuras asegura que la actividad de la cantera ha
producido daños a las viviendas colindantes y que, asimismo, supone
un riesgo para la población. Recuerda que la cantera se encuentra a
menos de 250 metros de viviendas aisladas y a menos de 600 respecto
a núcleos de población agrupada, cuando la ley obliga a que haya
una distancia mínima de 2.000 metros.
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, también está
implicado en el caso de ses Torres por el que ya declaró en los
Juzgados en calidad de imputado, aunque posteriormente el juez
anuló esa declaración. El Consistorio también tiene pendiente el
caso del vertedero de ca na Putxa, denunciado también por Hábitat y
Basuras y que acumula un periodo de instrucción de 15 años
aproximadamente. La asociación mantiene una dura batalla con
Herbusa y el Consell Insular para tratar de que el vertedero,
declarado ilegal por el Tribunal Europeo, se clausure y se traslade
a otra zona de la isla.
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