Tal y como adelantó Ultima Hora en enero, Medio Ambiente ha
iniciado los trámites para que un equipo de técnicos de topografía
determinen el número exacto y la localización de las fincas que
incumplen la Ley de Costas, que, según las primeras estimaciones,
serían unas 90, en Mallorca. Esta medida es la consecuencia de la
denuncia presentada por el dirigente del Lobby per la
Independència, Jaume Sastre, contra la piscina de Costa de los
Pinos que usufructúa Pedro J. Ramírez. Además de la zona de Son
Servera, el plan prevé actuaciones en el litoral de Calvià y
Formentor.
Según señaló la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, se trata de controlar las actuaciones de los
últimos años, «que han ido más allá de lo que es razonable desde el
punto de vista urbanístico». El estudio técnico comprobará el
estado de conservación de embarcaderos, terrazas, piscinas y otras
construcciones situadas en la costa en virtud de las concesiones
otorgadas antes y después de la Ley de 1988.
Algunas de estas construcciones «son de uso exclusivo de los
particulares, que disfrutan de los privilegios en un dominio
público».
La demanda de Jaume Sastre que ha dado lugar a estas actuaciones
se encuentra en estos momentos en el Tribunal Superior de Balears,
que ha exigido a la administración que facilite el expediente de la
concesión de la piscina de uso público y gratuito que «gestionan»,
en nombre de la concesionaria, Pedro J. Ramírez y su compañera
sentimental, Agatha Ruiz de la Prada. La cadena Ser informó hace
una semana que Pedro J. Ramírez pretende la reconversión de la
concesión en una de uso privado y el director de «El Mundo» alega
motivos de seguridad. Fuentes de Delegación del Gobierno aseguran
que el periodista no ha pedido nunca protección adicional.
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