El pleno del Consistorio de Eivissa aprobó ayer el borrador del
convenio que se firmará entre el Institut Balear d'Infraestructures
Educatives i Culturals de les Illes Balears y la sociedad mixta
Iniciatives i Transformacions Urbanes SA (Itusa) para crear dos
nuevos centros educativos en las calles Vicent Serra y Murcia a los
que se trasladarán los alumnos de sa Graduada y sa Bodega,
respectivamente. El visto bueno a estas actuaciones, que se
incluyen dentro del proyecto de remodelación de 'Eivissa centre',
se dio con el voto en contra de los populares y ante la presencia
de una docena de profesoras, madres, vecinas y alumnos con
pegatinas de 'Salvem sa Graduada' que reiteraron su oposición a que
se derribe el colegio más antiguo de Eivissa.
El concejal Jaime Díaz justificó el voto negativo de la
oposición argumentando que el PP «no considera necesario demoler sa
Graduada para remodelar el centro de la ciudad» y pidió que se abra
un «gran debate» social para decidir qué hacer al respecto. Por su
parte, el primer teniente de alcalde, Pedro Campillo, insistió en
que «es un convenio que va a mejorar cualitativa y sustancialmente
las infraestructuras educativas del municipio» y criticó al grupo
municipal popular por no pronunciarse sobre el tema hasta la
celebración del pleno y por no ser coherente con la postura que
mantiene la Conselleria balear d'Educació. Asimismo, aseguró que la
oposición «vuelve a equivocarse al ceder a la presión popular».
En el turno de ruegos y preguntas las profesoras y madres del
colegio sa Graduada también quisieron intervenir para pedir
explicaciones al equipo de gobierno municipal. Una de las
educadoras se dirigió al alcalde, Xico Tarrés, para preguntarle si
se habían estudiado las alternativas que habían sugerido al
Consistorio para conservar el colegio entre las que estaba la de
ofrecer al Gobierno central el solar de la calle Vicent Serra para
hacer los juzgados, que el Ayuntamiento proyecta ubicar en el
terreno donde ahora se levanta sa Graduada junto con la sede
insular de la Administración General del Estado. El alcalde admitió
no haber «ofrecido otros solares» al Gobierno central por
considerar que la mejor opción para ubicar estas infraestructuras
es la de sa Graduada.
La profesora también preguntó, sin obtener una respuesta clara
por parte del ejecutivo local, porqué en la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) se desclasificaba sa Graduada
cuando en la aprobación de 2003 el colegio tenía el nivel B de
protección.
El primer edil recordó que el proyecto se ha presentado a muchos
colectivos que han respaldado la actuación e insistió en que los
alumnos de sa Graduada podrán tener con la construcción del nuevo
centro «una escuela mejor dotada y equipada».
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