Estas son algunas de las claves políticas del convenio que ayer
anunció la ministra Magdalena Àlvarez que sustituye al anterior y
que, oficialmente, fue anunciado ayer.
Las obras que el Govern había iniciado sin esperar al visto
bueno del Ministerio de Fomento no recibirán consignación
presupuestaria de Madrid.
La propia ministra de Fomento Magdalena Àlvarez compareció ayer
en la sede del ministerio para dar algunos detalles de la nueva
propuesta, anunciar la denuncia del anterior y alabar las gestiones
del secretario general del PSIB y diputado socialista por Balears,
Francesc Antich. El presupuesto previsto para el nuevo convenio
(remitido ayer mismo al Govern) es de 569 millones de euros a
invertir en 15 años, de aquí a 2020.
Alvarez apeló a la «responsabilidad» del Gobierno presidido por
Jaume Matas para que acepte el nuevo convenio, ya que han
«incumplido sistemáticamente el convenio firmado con el anterior
Gobierno de José María Aznar».
El Ministerio ya anunció en diciembre que rompería el actual
convenio, firmado el 12 de marzo de 2004 por el entonces ministro,
Francisco Alvarez-Cascos y el ejecutivo autonómico, ya que el
Gobierno balear lo ha vulnerado licitando obras sin la preceptiva
supervisión de Fomento y con presupuestos y plazos modificados
unilateralmente.
Alvarez anunció que el nuevo proyecto responde a la intención de
«evitar malentendidos» sobre la posibilidad de que la denuncia del
anterior convenio responda a una «excusa para no invertir» en las
islas, porque según la ministra la nueva propuesta es «mejor».
El convenio tiene por objeto, según dijo, establecer el régimen
de colaboración entre el Ministerio y el Gobierno balear en materia
de carreteras de interés general y se divide en tres anexos.
El anexo primero relaciona «las obras que deberán ser licitadas»
por el Ministerio de Fomento en los dos primeros ejercicios, que
suman 264,4 millones de euros e incluyen los accesos y variantes a
Palma, la variante de Son Servera, la de Ferreries, el nuevo acceso
al aeropuerto de Eivissa y el desdoblamiento Eivissa-Sant
Antoni.
Un segundo anexo recoge las «obras de nueva introducción y que
serán licitadas a partir de 2009» y cuya programación permitirá su
ejecución total en el 2020. En este segundo anexo se incluirán
proyectos consensuados con el Govern y los consells.
Alvarez aclaró a los medios que se mantienen «ocho actuaciones»
del anterior convenio, mientras que las que han sido objeto de
incumplimiento por el Gobierno balear han quedado fuera de modo que
será el Gobierno balear quien tendrá que «asumir el coste de las
obras ya iniciadas» sobre las que no se consultó al Ministerio.
La ministra destacó que pese a los incumplimientos del Govern
(que adjudicó obras por su cuenta y además excedió las licitaciones
fijadas) no acudirán a los tribunales, que tiene bastante con la
denuncia política.
El ex president Antich estaba ayer eufórico y pidió al Ejecutivo
que aceptara el guante que le brinda el Gobierno central y muestre
«un nuevo talante». Además destacó la importancia política que
tiene el reconocimiento, desde Madrid, de los consells.
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