Amics de la Terra confirmó ayer en un comunicado que el fiscal ha
comenzado a investigar las obras denunciadas por el grupo
ecologista en los acantilados de sa Punta Grossa, en sa Cala de
Sant Vicent, y que «ve indicios de posible delito sobre la
ordenación del territorio y contra el medio ambiente».
Con el fin de esclarecer los hechos el fiscal ha abierto
diligencias informativas en las que insta al Ayuntamiento de Sant
Joan a que remita «copia auténtica y completa del expediente de
concesión de licencia» y solicita a la Demarcación de Costas de
Balears que «informe si las obras se sitúan en dominio público
marítimo terrestre, servidumbre de tránsito y/o servidumbre de
protección, si cuentan con concesión o autorización, además de
cualquier otra información relativa a los hechos denunciados».
Los trabajos que se están realizando en esta zona consisten en
el corte de taludes del acantilado y la excavación de la roca, lo
que provoca un gran desprendimiento de áridos que van cayendo al
mar dejando un paisaje «desolador y devastado» en una zona de la
costa totalmente virgen» que, además, recuerdan los ecologistas,
está considerada Àrea Natural de Especial Interés (ANEI). Amics de
la Terra explicó que ha tenido acceso a una copia de una concesión
firmada por el jefe de Demarcación de Costas, Fernando Garrido,
para «obras de emergencia», del 5 de marzo de 2004. Sin embargo,
para la agrupación esta concesión es «muy irregular» ya que los
trabajos no reúnen los requisitos de «obras de emergencia» y
considera que Costas podría haber sido «cómplice» de una maniobra
hecha expresamente para evitar los trámites administrativos
requeridos como el de hacer un estudio de impacto ambiental.
ENE la pasada semana instó también al Gobierno central a que
investigue la legalidad de las obras y a que actúe con
contundencia.
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