El TSJ ratifica la condena a una constructora a pagar 42.600 euros por la contratación ilegal

Los hechos se remontan a mayo de 2002 cuando tras una visita de inspección de trabajo a una obra contratada por la empresa Can Serreta S.L. en la que existían trabajadores de nacionalidad extranjera que no contaban con el permiso de trabajo necesario.

En este sentido, el encargado de la empresa de Eivissa alegó en su momento que la razón por la que se contrató a inmigrantes sin permiso de trabajo fue la «escasez de tiempo para finalizar la obra y la imposibilidad de contratar a trabajadores comunitarios o extra comunitarios con permiso de trabajo».

Asimismo, el responsable de la constructora ibicenca alegó en el momento de su declaración que el informe remitido tras la inspección de trabajo no se correspondía con la realidad ni con los hechos que figuraban en el documento. La sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma indica la «presunción de veracidad» de las actas emitidas tras la inspección de trabajo. De esta forma, la sentencia atribuye al trabajo realizado por el inspector responsable la calificación de «imparcialidad y especialización».

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma considera probado que esta empresa contrató a una persona de nacionalidad chilena sin que éste contara con el permiso de trabajo. De esta forma, el TSJB desestima el recurso de apelación, con lo que ante la sentencia dictada no cabe ningún tipo de recurso ordinario.