La mayoría de los propietarios se oponen al proyecto de
urbanización de ses Feixes previsto por el Ayuntamiento. El
colectivo de propietarios que integra la Unidad de Actuación 12
también presentó hace unas semanas un escrito de alegaciones al
plan incluido en el nuevo PGOU. Este grupo de propietarios, que se
encuentra en la misma situación que el del frente marítimo (UA 8),
ya ha pedido formalmente al Consistorio el pago de 8,7 millones de
euros (casi 1.500 millones de pesetas) de indemnización por la
pérdida de parte de su patrimonio correspondiente al 10 por ciento
de los terrenos cedidos (en este caso también abonados) por la
Junta de Compensación. Los dos colectivos sólo están pendientes de
obtener la licencia de obra.
E. RODRÍGUEZ
Los propietarios de la Unidad de Actuación número 8 de ses Feixes,
que coincide con un área de 37.000 metros cuadrados del frente
marítimo, también se oponen al plan urbanístico previsto por el
Ayuntamiento de Eivissa en el humedal. Así se lo han hecho saber
hace unos días al Consistorio a través de una alegación al nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los terrenos de esta
unidad de actuación pertenecen a un grupo de 20 propietarios
aproximadamente.
El plan urbanístico del Pacte prevé trasladar los derechos
urbanísticos del frente marítimo a otras zonas del perímetro del
humedal para ubicar allí parte del futuro gran parque. Este
colectivo de vecinos, sin embargo, se opone a ceder sus derechos en
la línea paralela a la avenida Santa Eulària, recordando que desde
hace años paga el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana, aparte de que en su día también abonó 420.000 euros (70
millones de pesetas) correspondientes a la indemnización
sustitutoria del 10 por ciento de cesión de terrenos de la Junta de
Compensación.
Por ello, los propietarios defienden «el elemental derecho a la
propiedad privada». Advierten, además, de que aún tributan por unas
expectativas urbanísticas de momento inexistentes. Eso, según dice
la alegación presentada, «aumenta el 'quantum indemnizatorio' de
por sí elevadísimo, cuyo supuesto coste económico deberían afrontar
en primer lugar las arcas del Ayuntamiento de Eivissa».
Todo ello, entienden los propietarios, hacen «insostenible» la
desclasificación de los terrenos, tal como contempla el nuevo PGOU,
puesto que, de seguir así, «desembocará legítimamente en una
compensación económica». Recuerdan, además, que el PTI, aprobado
inicialmente, «reconoce y establece la condición de suelo urbano de
la zona», y que, asimismo, reiteradas sentencias del Tribunal
Supremo avalan su derecho a urbanizar en sus terrenos por haber
abonado a la Corporación local el 10 por ciento del aprovechamiento
medio del Proyecto de Compensación.
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